EL JUEZ DECIDIO QUE SIGA PRESO EL ACUSADO POR LA DESAPARICION DE ERICA SORIANO

Es Daniel Lagostena, sospechado de haber hecho desaparecer a su novia, que estaba embarazada. Por un fallo de Cámara estaba por ser liberado, pero al final el juez cambió la carátula y lo mantuvo detenido. El fallo enmarca el episodio en un caso de violencia de género.

Daniel Lagostena seguirá preso, acusado de asesinar a su novia Erica Soriano, desaparecida desde agosto de 2010. Tuvo la posibilidad de ser liberado luego de un fallo de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, sin embargo, el juez Daniel Vitale decidió ayer mantener la prisión preventiva, entre otros motivos, “por la posibilidad de que entorpezca la investigación”, señaló una fuente judicial a este diario. Según el fiscal Gerardo Loureyro, Lagostena, de 51 años, habría sido ayudado por su sobrino y otro familiar para deshacerse del cuerpo de Soriano, de 30, luego de que ambos mantuvieran una fuerte discusión; la víctima, embarazada de dos meses y medio, había consultado a una inmobiliaria quince días antes por el alquiler de una propiedad para mudarse sola porque quería separarse.

Hace una semana, la sala III de la Cámara de Apelaciones anuló las indagatorias y la detención de Lagostena porque el fiscal Loureyro lo había imputado por “privación ilegítima de la libertad seguida de muerte”, pero el juez de Garantías de Lomas de Zamora, al dictar la prisión preventiva, cambió la calificación por “homicidio simple y aborto en el contexto de violencia familiar”. Para subsanar esta cuestión, el fiscal volvió a indagar al principal sospechoso el sábado pasado bajo la nueva calificación y éste se negó a declarar. La decisión de su excarcelación volvió entonces a Vitale.

La investigación de la desaparición de Soriano tuvo un giro el 30 de mayo pasado, cuando el fiscal decidió detener a Lagostena, tras pincharle el teléfono y tomar declaración a familiares, amigos de la víctima y a ex parejas del acusado en un legajo en reserva, al que no podía acceder el defensor de Lagostena. “Más allá de los tecnicismos judiciales como el cambio de calificación, que es corriente en la Justicia, lo importante del fallo de la Cámara es que convalidó los legajos fiscales en reserva”, observó la fuente judicial consultada.

Estos legajos permitieron orientar la investigación a otra hipótesis. Al principio se investigó sobre el supuesto de una red de trata. Una desaparición durante el viaje que la víctima habría hecho el 20 de agosto desde Pasaje Coronel Santiago 1433, la casa conyugal en Lanús, desde el sur del conurbano bonaerense, hacia la casa de su madre. Esta fue la versión del ahora imputado. Los testimonios fueron una prueba fundamental, como subraya el fallo del juez Vitale, para sospechar de ese supuesto viaje y comenzar a rastrear la coartada de Lagostena; “un hombre violento y controlador”, coincidían los testigos.

“La contextualización de los hechos es un dato fundamental a los efectos de poder valorar las pruebas aportadas, ya que una de las maneras más tradicionales es investigar los casos de violencia como si fueran delitos comunes y sin características específicas”, escribió el magistrado al confirmar la prisión preventiva. Lagostena revisaba los mails, los mensajes de texto y voz de Soriano y le pedía los boletos de colectivo. Una ex pareja contó que el imputado controlaba todos sus horarios y que generalmente, cuando sospechaba algo, “le pegaba sin medir su fuerza”.

Aunque la casa de Lagostena fue allanada por la policía tres semanas después de la desaparición de su novia, hubo una “inspección ocular” al día siguiente y los familiares notaron que estaban la cartera, los documentos, la billetera –con las tarjetas bancarias– y los documentos de Soriano. Tampoco faltaba ropa y “no llevó consigo el ácido fólico que necesitaba en razón de su embarazo”, observó el juez. Más tarde, en el hogar a leña se secuestraron muestras de la chimenea, una de ellas, dice el fallo, “presenta fibras rojas de origen textil de tipo poliéster, lo que se corrobora con la declaración de la familia de la causante, quienes afirmaron que Soriano utilizaba ropa interior del color y fibras como las peritadas”.

Tal como se advierte en el fallo del Juzgado de Garantías que resolvió la primera prisión preventiva, el 3 de julio pasado, los cruces telefónicos terminaron de hilvanar los pasos que habría seguido el imputado la noche de la pelea. Mensajeó a su sobrino varias veces entre las 23.45 y las 23.53. “Se altera el patrón existente entre ambos abonados, cuyo tráfico era casi nulo”, destaca la resolución. Y aparecen otros cruces, la madrugada del 21, entre los celulares de la familia Lagostena, yendo y volviendo de Aeroparque, y a la casa de la hermana del imputado.

Al fiscal y al juez les “llama poderosamente la atención” ciertos horarios, lugares, contactos telefónicos y recorridos. Los investigadores sugieren dos hipótesis: el cuerpo pudo haber sido arrojado al Río de la Plata o reducido en la funeraria de los familiares de Lagostena. Para el juez, se encuentra acreditado “con el grado de certeza que esta instancia requiere”, que Soriano desapareció estando sola con el imputado, en el domicilio que compartían y que el análisis del caso debe comprender “las dificultades propias de la problemática de género”.

FUENTE: PÁGINA 12 -  Por Emilio Ruchansky

SUSANA TRIMARCO PRESENTA PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO AL TRIBUNAL DEL CASO MARITA VERÓN

El reclamo contra los camaristas que absolvieron a todos los acusados por la desaparición de la joven tucumana es por su desempeño durante el juicio, no por el fallo en sí, que será cuestionado ante la Cámara de Casación. Los argumentos para el jury.

  

Esta mañana, la comisión de Juicio Político tucumana recibirá un escrito en el que Susana Trimarco y sus abogados piden jury para los integrantes de la Sala II de la Cámara en lo Penal, que sentenció en la causa por Marita Verón. Según adelantó a este diario uno de los abogados que trabajaron en la acusación, los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrerra Molina y Eduardo Romero Lascano son cuestionados estrictamente por su desempeño durante el trámite del debate oral. “La queja no tiene que ver con la sentencia, sino con el comportamiento del tribunal durante el juicio, particularmente por irregularidades de parte del tribunal”, explicó el abogado Carlos Garmendia, de la Fundación María de los Angeles. Formalmente, la presentación será ingresada hoy, pero, por la inminencia de la feria de enero, recién en febrero comenzaría a avanzar.

“Hemos recibido críticas de gente que dice por qué no nos quejamos antes del desempeño del tribunal”, señaló Garmendia a este diario. “Y la verdad es que nos quejamos en su momento, sí. Pero lo que pasa es que ante la decisión del tribunal, que decide no tomar el reclamo o postergar indefinidamente, no teníamos recursos.”

Mientras que la acusación que deberá evaluar el jury refiere al trámite judicial en sí, la sentencia que absolvió a los 13 imputados será cuestionada mediante un recurso de Casación, pero una vez transcurrida la feria judicial. “La primera semana de febrero vence el plazo para presentar el recurso. Como la sentencia tiene 589 páginas, vamos a tomar enero para preparar bien la presentación. Al ser un recurso de Casación, es un trámite más complejo que el de una apelación de primera instancia.”

El pedido de jury se centrará en alternativas sucedidas durante los meses en que se llevó adelante el debate oral. El desempeño de Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano es cuestionado, entre otras cosas, por “amenazas que han sufrido algunos testigos en la sala de audiencias, amenazas que hemos sufrido algunos abogados en la sala de audiencias y una situación de amenaza que ha sufrido una de las imputadas por parte de otro de los imputados”, adelantó Garmendia. Apenas transcurridas, algunas de esas situaciones habían sido reclamadas por la querella, y aun por la fiscalía. Sin embargo, recordó el abogado, “el tribunal no ha tomado medidas al respecto”, como en el caso de la primera amenaza que el imputado Gonzalo “Chenguita” Gómez profirió contra Garmendia.

En otra ocasión, “hay una situación en la que una de las testigos fue amenazada por una de las imputadas. Inclusive esa misma imputada le entregó, en tres hojas manuscritas de su puño y letra, lo que tenía que declarar”, dijo Garmendia. El episodio sucedió en marzo, a poco más de un mes de comenzado el debate oral, y la propia Noemí G. denunció ante el tribunal que la imputada Daniela Milhein había amedrentado a su madre, Mirta L., luego de no haber tenido éxito al intentarlo con ella. De lo sucedido hay registros judiciales y periodísticos. Garmendia recordó que Mirta L. “ha declarado lo que dice el papel, de modo que la amenaza surtió efecto con la madre. Pero con la chica no ha sido así, no ha surtido efecto, porque ella sacó el papel y lo entregó al tribunal”. En esa ocasión, la querella pidió que el tribunal instruyera actuaciones y detuviera de inmediato a la imputada Milhein, “pero dijeron que iban a resolver después y quedó en la nada”. Tampoco pasó a mayores el pedido de instruir actuaciones por la “amenaza de una de las imputadas por parte de otro de los imputados”, o cuando la imputada María Jesús “Rivero hizo el gesto de cortarle la cabeza a (el testigo Julio) Mohfaud”.

Las algo menos de 50 páginas que conformarán la presentación no serán dadas a conocer públicamente, al menos no hoy, según las intenciones de los abogados. El espíritu, sin embargo, es señalar que “hay varios temas que tienen que ver con mala praxis del tribunal”. Por eso “en el escrito nombramos la sentencia muy a vuelo de pájaro, porque en el juicio político no nos vamos a quejar de la sentencia, sino de cómo trabajó el tribunal”.

La presentación pedirá que el desempeño de los jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano sea evaluado por un jury de enjuiciamiento, un órgano definido en la Constitución provincial de 2006 y que, hasta ahora, nunca ha actuado. El jury debe componerse de cinco legisladores (cuatro por la mayoría, uno por la minoría), un miembro del Poder Ejecutivo y uno de la Corte Suprema de Justicia provincial. El gobernador José Alperovich manifestó reiteradamente su apoyo al proceso; por su parte, el Poder Judicial ya ha designado al vocal de la Corte, Daniel Posse, como su representante allí.

En relación con el fallo del 11 de diciembre, que absolvió a los trece imputados del caso, el abogado Garmendia señaló que el plazo para reclamar por él vence “la primera semana de febrero”. Al haberse tratado de una resolución de Cámara, la presentación debe consistir en un recurso de Casación, que “es un trámite más complejo que el de una apelación de primera instancia”. Por ello, los abogados dispusieron “tomar enero” para evaluar las 589 páginas del fallo y “preparar bien la presentación”. A diferencia de lo que sucede con las apelaciones de fallos de primera instancia, en los recursos de Casación las quejas “sólo pueden ser sobre erróneas aplicaciones del derecho”. El recurso de Casación debe “atacar la sentencia desde la perspectiva de la aplicación del derecho: justificar que la aplicación de la ley se dio de forma incorrecta, y explicar por qué”.

FUENTE: PÁGINA 12 - Por Soledad Vallejos

"ACÁ TE CALLÁS"

Acá te callas. Esa fue la frase que Viviana Alderete escuchó apenas fue detenida en Tucumán. Su destino, como el de muchas mujeres, es el silencio (cada mujer muerta es una mujer reducida al silencio). Con esa frase Alderete experimentó en una comisaría de Tucumán lo que el feminismo viene denunciando hace largo tiempo: los castigos que la sociedad inflige a la mujer por el hecho de ser mujer, castigos que no responden a ninguna ley o norma. Son la cultura misma. Son el prejuicio, la intolerancia. La hombría se sostiene en la violencia.

Muchos se hacen “hombres” prostituyendo a una mujer, esclavizando. Violando a mujeres. Para ser “hombre” –se nos enseña– hay que maltratar/secuestrar a la mujer. Eso significa ser un “macho”. Tratar a la mujer como un objeto, una posesión, un recurso. La mujer termina siendo una propiedad. No una persona. Esta violencia responde al modelo de una sociedad y una cultura (hija del Proceso, que torturaba a parturientas) que todavía hoy le niega a la inmensa mayoría de las mujeres un derecho esencial: su palabra. Su identidad. Lejos de lo que puede pensarse, y pese a los intentos de visibilización, la denuncia de la violencia de género ha ido perdiendo terreno en nuestra sociedad. En el fallo Marita Verón habló la peor Justicia. La Justicia que denuncian las feministas. Una Justicia corporativa, cómplice, callada, que sólo resguarda a los hombres. No a la mujer.

El anverso de esta justicia cómplice que parte de la cosificación de las mujeres desaparecidas (Olsen, Fraser, Facchi) es la justicia que empieza a juzgar los delitos sexuales –del Proceso– como lo que son: delitos de lesa humanidad (Mackinnon). Así hay un paso de la Justicia que ve a la mujer. Lo contrario del fallo Verón.

A la mujer se la tortura, se la secuestra, viola, mutila, prostituye, humilla, aísla, degrada, amenaza, pero la violencia no viene sola. Viene sumada al silencio que se impone a la mujer. Por eso la frase que resonó en los oídos de Alderete, que luego vería cómo metían su cabeza en una bolsa de nylon, mientras la torturaban, en la comisaría de Tucumán, es reveladora. Es un símbolo. Un punto. Una cortina. Un hecho. Una prueba. Una caída. Un dato (a su pareja le decían que estaba “incomunicada”). Necesitamos una Justicia que vea más de lo que está acostumbrada a ver. Que sepa ver, entender lo que hay en las palabras. Que sepa pensar. Porque esa frase “acá te callás” resume los rasgos de la violencia policial. Y también de la violencia de género: “Callate”. Tu palabra no cuenta. No hables. Es la frase de una connivencia con la trata. Eso escuchaban los pobres torturados en Salta. Eso escuchó Alderete, en Tucumán. Acá te callás. A Verón también le habrán dicho “acá te callás”. Pero la Justicia no sabe. Es el lenguaje de la ESMA que no ha podido ser erradicado. Que aún permanece.

Esa frase dice muchas cosas. Pero más hoy. Porque hoy la Justicia de Tucumán silenció a las víctimas de la trata. En esa frase “acá te callás” están Verón y decenas de mujeres desaparecidas, secuestradas, drogadas, violadas. En esa frase “acá te callás” está Laura Carlotto, antes de que le roben al hijo; el silencio es la evidencia de la policía en connivencia con las mafias. De eso no se habla. En esa frase “acá te callás” está escondida la violencia que denunció María Laura Bretal que los militares infligían a las mujeres secuestradas (violadas, y vejadas) durante el Proceso. Acá te callás. “Callate.” Esa violencia, esa violación de la mujer, ese ejercicio (sabían bien a quién violar, cuándo violarla, delante de quién, denunció Bretal) dejó un modelo en la sociedad. Los femicidios no son casuales. La trata tampoco. Son algo que nace de esta sociedad. La dictadura que secuestraba y violaba a mujeres dejó un modelo de lo que es, lo que debe ser la mujer. El abuso y la tortura de la mujer (la violación, el robo de sus hijos) fue la pauta esencial del Proceso. La cosificación más brutal de las “parturientas” que usaban a sus hijos como “escudos”. La mujer era una cosa. Esa violencia de ayer es parte esencial de nuestra cultura de hoy. No la hemos decodificado. Permanece. La Justicia no la sabe ver porque fue cómplice. Hablan un mismo lenguaje. En esa frase “acá te callás” están todas las mujeres que son forzadas a prostituirse. Que son golpeadas por sexo. Torturadas de nuevo (Mackinnon). Tenemos de nuevo una Justicia que no ve (está entrenada para no ver) lo que desaparece. En esa frase “acá te callás” está lo peor de la sociedad argentina. Están los hijos robados. En esa frase, “acá te callás”, que escuchó Alderete, están todas las mujeres golpeadas, abusadas, quemadas, que son forzadas, por distintos motivos, a callar lo que padecen. A no decirlo. La cultura recubre esto. No lo denuncia. Es parte de lo que muchos llaman “mundo privado”, “libertad de la mujer de decidir”. Por eso es tan importante la propuesta de derogación del artículo 3º de la ley vigente. Se dijo que el consentimiento por parte de la víctima no es causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores del crimen de trata, independientemente de la edad de las víctimas (mayor o menor de edad). Es un enorme paso adelante en la concepción de la violencia. El consentimiento no puede ser usado como escudo.

Las marcas en el rostro de Alderete son el salvajismo policial. Pero también son las marcas de una sociedad que silencia. Que calla. Que silenció durante décadas los crímenes padecidos por las mujeres. Que tapó. Que no quiso ver. Que practica el silencio. La prostitución, la trata también es el silencio. Se sostienen en la red del silencio. El problema es que la Justicia forme parte de esa red. La memoria nos enseñó que las mujeres que denunciaban los crímenes que no veíamos no estaban “locas”. Ni equivocadas. Que esas mujeres nos enseñaban a ver algo que parecía invisible. Pero que estaba allí. El robo de sus hijos. Este es el único principio moral que nos queda: no callar. Si no callásemos, si aprendiéramos a no callar, muchas mujeres violadas por clientes anónimos recuperarían su identidad. Su derecho. Hay que acabar con la prostitución para terminar con la trata. La prostitución es una violación paga, como dijo Sonia Sánchez, en Ninguna mujer nace para puta. Para muchas mujeres, la prostitución es un abuso y un crimen. No es un trabajo. Hay que pensar la cultura para terminar con la violencia. Porque tanto la prostitución como la trata, le dicen a la mujer una sola cosa: “Acá te callás”.

De lo que se trata es de volver a empujar esa puerta enorme, volver a decir lo que no se podía decir, devolver la identidad. Reconocer al otro. Devolverle un derecho. Los prostíbulos también pueden ser centros clandestinos de detención y tortura.

FUENTE: PÁGINA 12 - Por Julián Axat* y Guido Croxatto**

* Defensor juvenil.

** Asesor de la Secretaría de Derechos Humanos.

PEGAR DONDE MÁS DUELE

El crimen de Tomás Santillán fue una forma de venganza hacia su mamá de parte de su ex pareja. Adalberto Cuello fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral 1 de Junín. Pero la representación de la Justicia va más allá de los años de la condena: el fallo visibiliza la triangulación de la violencia de género. Desde el 17 de noviembre del año pasado hasta la misma fecha del 2012 hubo 21 femicidios vinculados de niños y niñas.

Tomás Santillán tenía nueve años. Fue asesinado por Adalberto Cuello, ex pareja y papá del segundo hijo de su mamá, que lo interceptó a la salida del colegio. El Tribunal Oral 1 de Junín, integrado por los jueces Miguel Angel Vilaseca Parisi, Karina Piegari y Claudia Dana, lo condenó, el 18 de diciembre, a la máxima pena –prisión perpetua–, ya que los jueces consideraron como agravante la alevosía de la indefensión del niño y sostuvieron que el crimen se enmarcó en un caso de violencia de género. El fallo afirma que Cuello le “pegó donde más le podía doler” a su ex pareja, Susana Leonor Santillán, porque para él Tomás “era una forma de herir a la madre”.

El 15 de noviembre del 2011, al mediodía, cuando salió de la escuela rumbo a su casa, en Lincoln, Tomás desapareció. Dos días después apareció muerto, con tres golpes en la cabeza, en el predio rural La Vieja. Al principio, Cuello (padre de otro hijo de Santillán) participaba de la búsqueda. Pero muchos testigos indicaban que él no tenía buena relación con Tomás, ya que le echaba la culpa de la ruptura amorosa con Susana.

También forzó a su novia posterior, María Inés Márquez, a mandarle mensajes de texto como coartada. Las pruebas resultaron suficientes. Se encontró ADN de Tomás en el asiento trasero del Fiat Palio Weekend de Márquez que Cuello manejaba el 15 de noviembre del año pasado. Pero además de las huellas genéticas, también dejó su impronta la violencia cultural de la posesión sobre las mujeres y la obsesión por dañar a Susana a cualquier costo. Ya que, según la sentencia, había “un vínculo patológico con la madre de la víctima”.

“La sentencia es justa, demostrativa de la permeabilidad del tribunal a la opinión de otras disciplinas y tiene perspectiva de género. Claramente consideró el asesinato de Tomás como una expresión de violencia de género y seguramente, de haber estado vigente la reforma del Código Penal al momento del hecho, los/as magistrados/as hubiesen sentenciado por femicidio vinculado”, remarca Perla Prigoshin, al frente de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Conavig).

No fue un error. No fue un enfrentamiento. Ni fue un exceso de pasión. Fue un crimen. No fue un crimen pasional porque la pasión nunca es criminal. Pero tampoco fue un crimen salvaje. Susana Santillán denunció dos veces y en la comisaría a Cuello por violencia. Tomás Santillán murió. No es el único. Desde el 17 de noviembre del año pasado hasta el 30 de noviembre del 2012 hubo 21 femicidios vinculados de niños y niñas según el monitoreo de La Casa del Encuentro. Ada Rico, cofundadora de La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios en Argentina, explica: “En los casos de femicidios vinculados de niñas y niños vemos cómo el agresor considera también a ellxs como objetos, o como el medio para lograr su propósito: seguir controlando al objeto de su violencia, a esa mujer a quien considera de su propiedad. Porque el varón violento piensa que puede hacer con la mujer con la que tiene o ha tenido un vínculo afectivo lo que desee, incluso atacar los afectos más queridos de ella, como es un hijo o una hija. El objetivo que tiene el agresor es destruir psicológicamente y ‘castigar’ a esa mujer que decidió no ‘obedecer’ o terminar una relación. El violento utiliza a los hijos y a las hijas como un medio para lograr su fin y para demostrar su supremacía, le saca lo que más quiere y lo que más le importa a esa mujer. De esta forma, él piensa que ella nunca podrá olvidarse de él y de esa forma cree que sigue en control de su vida”.

“Aprovechando las cámaras” tituló Página/12 la presencia del ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, en el juicio. “Es un hecho gravísimo, terrible, una víctima inocente, nos dio un dolor enorme, nos conmovió a todos y que se haya trabajado judicialmente tan bien como se trabajó y se haya podido orientar la investigación a una responsabilidad clara sobre Cuello nos da mucha satisfacción”, expresó el ministro. Pero no es la primera vez que Casal se refiere al caso Tomás. El año pasado calificó el crimen de salvaje. Sin decirlo, al decir que es salvaje, dice que –como en la selva imaginaria, donde no hay leyes ni Estado– es un crimen con una ley: la del más fuerte. Y en la del más fuerte siempre se imponen los varones y los varones adultos.

Si el crimen es salvaje, el crimen de Tomás es un crimen que la civilización no podría haber evitado. Y ahí lo salvaje se vuelve una enredadera que bloquea la posibilidad de ver salidas y de prevenir dolores y crímenes. Claro que el crimen es horrible. Incluso salvajemente horrible si se quiere usar la palabra salvaje como un calificativo de placa roja para descargar el horror del crimen de un niño. Pero cuando un ministro de Seguridad dice que un crimen es salvaje usa algo más que metáforas de la náusea social ante la exacerbación del asco de la muerte. Decir salvaje es decir ajeno, foráneo, bárbaro, pasado, pisado, apolítico, irremediable, imprevisible, lejano. De otro espacio. De otro tiempo. De otro territorio. Es decir que a Tomás lo mató alguien tan parecido a un Tiranosaurio Rex que se vuelve un carnívoro sin pensar a quién. Sin pensar. Salvaje.

Sin embargo, ahora se sabe que la familia y el pueblo sabían que Cuello era violento y la mamá de Tomás había dejado asentado su miedo en la policía. Tenía un miedo que contó y que no fue escuchado ni respondido ni resguardado.

“La vida sigue como la he llevado durante este año y tengo otro bebé más que criar. Hay que vivir día a día, de a poco”, dijo, a la salida del tribunal, Santillán sobre su futuro. El bebé al que se refería es el hijo que tuvo con Cuello y que también fue motivo de la disputa de la pareja, ya que luego de echarla de la casa que compartían el condenado se negaba a pagar alimentos. “El crimen de Tomás se convirtió en un caso emblemático por la repercusión mediática y, aunque en los Informes de Femicidios que presentamos todos los años –dice Rico– hay muchos casos así, en éste, además, se agrega que el asesino también tuvo un hijo con la madre de Tomás y ese hijo es también una víctima colateral de este femicidio vinculado. Aunque, esta vez, se hizo justicia.”

FUENTE: PÁGINA 12 -  Por Luciana Peker

EDITH CASAS: " ME VOY A CASAR COMO SEA"

Edith Casas iba a casarse con Víctor Cingolani, condenado a 13 años de prisión por el asesinato de la hermana gemela de la chica, Johana Casas. Por el crimen, también está preso Marcos Díaz, que irá a juicio el año que viene. Víctor había sido novio de Johana y Díaz convivía con ella en el momento del asesinato.

Marcelina del Carmen Orellana, mamá de las gemelas, había presentado un escrito para impedir la boda. Decía que la chica “no se encuentra en el uso correcto de sus facultades, privada de su razón y con peligro de integridad física y psíquica”. Pese a que el abogado de Edith lo contestó, el casamiento fue suspendido provisoriamente.

Edith, tras conocer la decisión de la Justicia de suspender su matrimonio previsto para el día de ayer, dijo a Clarín que “este fallo me tomó por sorpresa. Estoy muy mal. Pero yo sé que es pasajero. Además me voy a casar como sea. Y me haré las pericias que me pidan”.

Distinta es la opinión de la madre, quien dijo sentir “un gran alivio” y confesó que hizo la presentación porque “estaba preocupada por la integridad física de mi hija. Puedo tener algunas diferencias con ella, pero no la quiero ver muerta como a Johana. Siento que traiciona la memoria de la hermana al querer casarse con el hombre que la asesinó. Ahora estoy más tranquila”.

A continuación, manifestó que su intención es que a su hija “le hagan un estudio psiquiátrico porque para mí no está en sus cabales. Le lavaron la cabeza. Si esos exámenes dan bien, entonces que se case. Yo me voy a quedar con la conciencia tranquila, aunque con mucho miedo porque no sé qué le puede pasar junto a ese hombre”.

La declaración más dura tras conocerse la decisión de suspender el casamiento fue la de Valentín Casas, el padre de las gemelas. “Me siento feliz ahora con esto. Pero no me olvido que estuve a punto de hacer justicia por mano propia. Yo soy un ex policía y tengo armas. La reglamentaria y un fusil Fal. Pero por suerte escuché la voz de Dios y pude perdonar y no convertirme yo también en un asesino”.

Valentín se quebró varias veces en su diálogo, ya que aseguró que “Edith nos ha traicionado. Pero creo que no es ella la que vemos ahora. Parece un robot, la están manejando. Para mí una hija se fue al cielo con Dios y la otra al infierno con Satanás”.

Por su parte, el abogado de Cingolani, Lucas Chacón, dijo que hasta último momento se esperaba que se realizara el casamiento, “Pero la Justicia es así, necesita sus tiempos, nosotros los respetamos y estamos confiados de nuestra presentación, es meramente estirar un hecho que ya se encuentra consumado” manifestó. Sobre las pericias psicológicas a Edith Casas solicitadas en el escrito presentado por el Dr. Fabián Farías en representación de la familia Casas, el abogado Chacón dijo que se opusieron porque “no tienen ningún sustento legal en sus fundamentos, y por otro lado las versiones en el escrito son rayanas con lo injuriante” expresó Chacón y agregó: “someter a una persona a una pericia psicológica es invasivo y totalmente violatorio de las garantías constitucionales de la mujer”.

FUENTE: LA OPINIÓN AUSTRAL

EL JUEZ DECIDIRÁ SI REALIZA PERICIAS PSICOLÓGICAS A EDITH CASAS

La suspensión es provisoria. El abogado de Víctor Cingolani, condenado por matar a Johana Casas, gemela de su futura mujer Edith, apeló la medida. La juez tiene un plazo de 5 días, a partir del miércoles que viene, para resolver si permite o no la boda.

Edith Casas y Víctor Cingolani tendrán que esperar para llegar al altar. Luego que la madre de la joven presentara un escrito para frenar el casamiento de su hija con el ex novio y asesino de su gemela, la ceremonia fue suspendida. 

El abogado de la madre de Casas, Fabián Farías, explicó que el jueves realizó una presentación ante el Registro Civil pidiendo la suspensión de la boda. El argumento de Marcelina Orellana, la madre de Edith y Johana, asesinada en 2010, es que la chica “no se encuentra en el uso correcto de sus facultades, privada de su razón y con peligro de integridad física y psíquica”.

A raíz de esa presentación, “el casamiento fue suspendido provisoriamente”, detalló Farías. Y aclaró que esta medida se mantendrá “hasta que la Justicia se expida sobre el recurso”. Ahora, la pareja tendrá que aguardar a que la juez resuelva en un plazo de cinco días (que comenzará a correr a partir del miércoles que viene) si podrán celebrar su casamiento o no.

Pericia 

El abogado agregó que la familia de Edith “pide que se le practique una pericia psicológica”, ya que no se explican qué la llevó a iniciar una relación sentimental con Cingolani, condenado por el crimen de su gemela. “Edith tomó la decisión de manera sorpresiva hace 10 días. Antes vivía con sus padres y nadie imaginaba un cambio tan brusco en su comportamiento”, explicó. 

A raíz de esta situación, el abogado de Cingolani, Lucas Chacón, presentó un escrito de contestación al escrito de la madre de las gemelas.

Caso 

Johana Casas, hermana gemela de Edith, fue asesinada el 16 de julio de 2010. “El hecho está probado, y Víctor Cingolani está condenado como autor material del crimen”, recordó el abogado, quien representó a la familia en el juicio que se le hizo al hombre en junio de este año.

En ese proceso, Edith testificó contra el hombre con el cual ahora quiere casarse, a quien acusó de “haberla violado y abusado física y psicológicamente, por eso no se entiende que, seis meses después, quiera casarse con él”, señaló Farías.

La joven dijo en declaraciones televisivas que su familia la “presionó para escribir esa carta”, en referencia a la misiva donde relató los abusos de Cingolani y que fue leída durante el juicio.

El otro acusado por el asesinato de Johana es Marcos Díaz, quien al momento del crimen “era su novio y que espera el juicio oral para el año que viene, donde será juzgado como partícipe necesario del asesinato”, reseñó el abogado.

“No hay pruebas, son rumores”, respondió Farías al ser consultado sobre versiones que hablaban de una supuesta participación de Edith en el asesinato de su gemela, y reconoció que “no tuve trato con ella durante el juicio contra Cingolani. Nunca quiso hablar conmigo”.

Aseguró que la madre de las jóvenes “está dispuesta a aceptar la decisión de su hija de casarse con el asesino de su hermana si profesionales idóneos le confirman que está bien psicológicamente y que no la están manipulando”.

FUENTE: LA OPINIÓN AUSTRAL

¿ QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?

¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas se caracteriza por "la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación". La definición se encuentra en el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la Convención de Palermo.

Un creciente número de Estados viene ratificando la Convención de Palermo y sus protocolos, entre ellos los cinco países de actuación de la UNODC Brasil y Cono Sur: Argentina (2002), Brasil (2004), Paraguay (2004), Chile (2004) y Uruguay (2005).

Elementos de la trata de personas

El acto (qué se hace):

La acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas.

Los medios (cómo se hace):

Amenaza o uso de fuerza, coacción,  rapto, fraude, engaño, abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios en cambio del control de la vida de la víctima.

Objetivo (por qué se hace):

Para fines de explotación, que incluye prostitución, explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de órganos y prácticas semejantes. Para verificar se una circunstancia particular constituye la trata de personas, considere la definición de trata en el  protocolo sobre tráfico de  personas e los elementos constitutivos del delito, conforme definido por la  legislación nacional pertinente.

¿Qué es el tráfico ilícito de migrantes?

Es una forma de traficar seres humanos. Según el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el tráfico ilícito de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

¿Cuál es la diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes?

Consentimiento

En el caso de tráfico ilícito de migrantes, que suele realizarse en condiciones peligrosas o degradantes, los migrantes consienten en ese tráfico. Las víctimas de la trata, por el contrario, nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha perdido todo su valor por la coacción, el engaño o el abuso de los traficantes.

Explotación

El tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto que la trata implica la explotación persistente de las víctimas de alguna manera para generar ganancias ilegales para los traficantes. Desde un punto de vista práctico, las víctimas de la trata también suelen resultar más gravemente afectadas y tener más necesidad de protección frente a una nueva victimización y otras formas de abuso que los migrantes clandestinos.

Transnacionalidad

El tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que la trata puede no serlo. Ésta puede tener lugar independientemente de si las víctimas son trasladadas a otro Estado o sólo desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo Estado.

FUENTE:UNODC