FALLO DE LA JUSTICIA CONTRA EL SAP ( SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL)

La jueza Graciela Jofre consideró el Síndrome de Alienación Parental como “una siniestra creación pseudocientífica” y rechazó la argumentación del padre, que había sido denunciado por la madre. El caso en el fuero penal había sido archivado.

La Justicia rechazó la existencia del llamado Síndrome de Alienación Parental (conocido como SAP), esgrimido por padres denunciados por incesto y por sus abogados para descalificar la voz del niño o la niña víctima del abuso sexual con el argumento de que la imputación sería producto de la manipulación de la madre, en el marco de divorcios conflictivos. En un fallo muy elogiado por referentes que trabajan contra el abuso sexual infantil, la jueza de paz de Villa Gesell, Graciela Jofre, señaló que el SAP “es una siniestra creación pseudocientífica” descalificada “por la comunidad científica internacional”, que “instala la sospecha sobre la víctima, devalúa la palabra del testimonio infantil y de todo aquel adulto que le cree y busca protegerlo, cuando en la casi totalidad de los abusos sexuales en la infancia, la palabra de los niños es la única prueba para iniciar la investigación”.

Al mismo tiempo, la magistrada sentenció que la resolución en un juicio penal en casos de abuso sexual infantil “no hacen cosa juzgada en el fuero civil”, al rechazar un pedido de revinculación con su hijo de un hombre denunciado por incesto, cuya causa penal fue archivada, sin tomar en cuenta pericias donde se validaba la existencia del abuso.

Desde el 1º de diciembre de 2009 el padre tenía suspendidas las visitas ante la sospecha de la madre de que su ex pareja había abusado sexualmente del niño T, que en ese entonces tenía 4 años recién cumplidos. El pequeño, ahora de 7 años, vive con su abuela materna, pero ve a su mamá con frecuencia y mantiene contacto telefónico con ella. La madre está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El fallo de la justicia

La jueza de paz de Villa Gesell tomó la resolución en la causa “P.P.F.c.C.A F. s/tenencia”. La magistrada explicó en la sentencia que rechazó el pedido del padre porque el niño “se ha expresado, ha hablado y ha develado en dos oportunidades y ante profesionales distintas el abuso sexual sufrido”. “Las demás constancias probatorias consideradas reafirman la veracidad de lo dicho por T., pero es su palabra ante las profesionales la que privilegio”, destacó la jueza. El fallo tiene fecha del 13 de marzo, pero recién trasciende a los medios ahora. La jueza de paz actúa como jueza de familia en lugares donde no existe ese fuero.

Las dos licenciadas en Psicología que oyeron el relato del abuso aseveraron que no había indicios de que T. fabulara. Sin embargo, en el fuero penal la causa está sin resolver y archivada. Según consta en la sentencia, no fueron aceptados como prueba los dos informes en los que el niño realizó develaciones sobre el abuso sufrido. La jueza Jofre ordenó que esas pericias sean remitidas al juzgado que tramita la denuncia por incesto.

“Es muy preocupante que la Justicia penal no se tome en serio estos casos y no los investigue como corresponde. Las pericias que dan cuenta del abuso sexual no habían sido aceptadas en la causa penal”, advirtió la abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, tras analizar el fallo. Gherardi destacó los alcances de la sentencia, igual que otros referentes que trabajan por los derechos de los niños y niñas, como el juez federal Carlos Rozanski y Pilar Vendrell, psicóloga, integrante de la Asociación Civil Profesionales Latinoamericanos/as contra el Abuso de Poder (ver aparte).

Este fallo surge en momentos en que redes de madres de chicos y chicas que han expresado que fueron abusados por sus padres vienen denunciando en diferentes ámbitos que sus hijos son obligados por la Justicia de Familia a cumplir con un régimen de visitas y ver a su progenitor, a pesar de que han dado cuenta en distintas instancias –frente a ellas, otros familiares, peritos, psicólogos que los tratan– de que han sufrido incesto. Tanto en las causas penales como en las civiles, donde reclaman la “revinculación” con sus hijos, los progenitores denunciados suelen argumentar que los niños padecen el llamado Síndrome de Alienación Parental. Aunque el SAP no es un síndrome científicamente aceptado, es tomado como fundamento por jueces y juezas que rechazan las denuncias de los niños y niñas, descalifican a las madres que los acompañan y a las pericias que las validan, y ordenan las revinculaciones. En este caso, la jueza además mantuvo la suspensión del régimen de visitas y ordenó al padre “la expresa prohibición de acercarse al niño T., fijando un perímetro de exclusión para circular o permanecer de 100 metros de distancia de todo ámbito donde el niño circule, así como también la prohibición de cualquier tipo de contacto telefónico o vía Internet (Facebook) u acto de intimidación con relación al niño hasta tanto la profesional que lo trata actualmente lo considere apropiado”.

fUNDAMENTACIÓN

Al fundamentar su decisión, la magistrada criticó duramente al llamado SAP. “El Síndrome de Alienación Parental es una siniestra creación pseudocientífica de Gardner rechazada por la comunidad científica internacional, una construcción para esconder y ocultar una realidad que debe ser invisibilizada para después negarla”, sostuvo la jueza. El SAP fue acuñado por Richard Gardner. Profesor de psiquiatría infantil en la Facultad de Medicina y Cirugía (College of Physicians and Surgeons) de la Universidad de Columbia, Gardner se dedicó hasta la fecha en que se suicidó en 2003 a la psiquiatría infantil y forense, mayormente como perito de parte por la defensa de los agresores en casos de sospecha de abusos sexuales. Sus trabajos han sido cuestionados por colegas e investigadores debido a que sus afirmaciones no se basan en métodos de investigación estandarizados y a que no han sido sometidos a estudios empíricos, a investigación o a verificación por parte de otros especialistas. A pesar de ello, ha sido ampliamente citado en el ámbito judicial de diversos países. No sólo en la Argentina. Para la psiquiatra infanto-juvenil y psicóloga Irene Intebi, presidenta de la Sociedad Internacional para la Prevención de Abuso Sexual Infantil (Ispcan, por su sigla en inglés), la difusión del SAP y sus conceptos “se debe a que coinciden con los estereotipos y los prejuicios que sostienen la negación y la invisibilización de las agresiones sexuales a niños y niñas”.

La jueza Jofre llamó además la atención sobre la posición que adoptó la asesora de Menores que intervino en el caso. La asesora descree del relato del niño –cuyos derechos debe representar y proteger– y defiende la posición del padre denunciado, teniendo como “trasfondo” el SAP. “Se argumenta en favor del derecho del niño pero en realidad se privilegia el derecho del padre sobre el niño, instalando la idea de un complot donde el niño es parte y objeto de manipulación de la madre, profesionales psicólogas, abuela etc.”, cuestionó la jueza.

FUENTE: PÁGINA 12 - Por Mariana Carbajal

UN FEMICIDIO LUEGO DE SALIR DE LA CÁRCEL

El joven, de 21 años, había salido de prisión hacía un mes, después de cumplir una pena por robo. Ahora fue detenido de nuevo, acusado de haber matado a golpes a una vecina. Los investigadores no saben aún los motivos del ataque. Investigan si la mujer fue violada.

Una mujer que había sido atacada a golpes en su casa de Lomas de Zamora murió ayer a la madrugada en el Hospital Fiorito y el principal sospechoso, un joven que había salido de prisión hacía tan sólo un mes, fue detenido luego de haber estado 24 horas prófugo.

La víctima, Marcela Márquez, de 45 años, fue encontrada gravemente herida, el martes a la mañana, por vecinos en su casa de la calle Isla Soledad al 2000, de Parque Barón, Lomas de Zamora. La mujer, costurera y madre de dos hijos adolescentes, fue atacada cuando volvía de la casa de su novio y fue interceptada por el joven, de 21 años, apodado “Poti”, quien fue detenido ayer a la tarde por una brigada de la comisaría 9ª de ese partido bonaerense.

Hace un mes, el joven imputado había salido de la Unidad Penal 56 de Florencio Varela, donde estuvo detenido por robo, y mantenía una relación con una mujer que vive en una casa situada en el mismo predio que la de la víctima, aunque unos metros detrás. Las sospechas recayeron en Poti porque su DNI, con la constancia de egreso del penal, fue hallado en la casa de la víctima y porque además ningún acceso a la vivienda de Márquez había sido violentado.

Si bien la mujer fue encontrada en ropa interior, los forenses no certificaron aún que hubiera sufrido un abuso sexual, aunque todo indica que sí fue golpeada, quizá durante una discusión, según estiman los investigadores policiales. Márquez presentaba un leve corte en el cuello –que no le provocó la muerte– y fuertes golpes en la cabeza que le ocasionaron lesiones irreversibles en el cráneo.

Una fuente allegada a la investigación indicó a este diario que para determinar si también existió una violación debían aguardar los resultados de la autopsia. Los médicos forenses de la Morgue Judicial de Lomas de Zamora no descartan que haya sido abusada en estado de inconciencia. Esa posibilidad explicaría por qué no hay lesiones típicas de una relación sexual forzada, aunque el dictamen pericial definitivo quedará establecido con estudios complementarios de laboratorio.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada al Hospital Gandulfo, donde recibió las primeras curaciones, y luego derivada al Fiorito. Allí sufrió dos paros cardíacos y fue operada, pero quedó en grave estado en terapia intensiva y ayer a la madrugada finalmente falleció.

Tanto ayer como el martes, los vecinos se congregaron en el barrio para exigir justicia y más seguridad. En la última protesta, luego de la detención de Poti, los vecinos aseguraron que fueron ellos los que vieron al sospechoso horas después en el barrio y “le dieron una paliza” hasta que fue detenido.

El hecho es investigado por personal de la seccional 1ª de Lomas de Zamora y el fiscal César Lucero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 13 de ese distrito, que caratuló la causa como “homicidio” y en el día de hoy indagará al joven.

FUENTE: PÁGINA 12 - 

LOS FRANCESES "SI" AL MATRIMONIO IGUALITARIO, UN EJEMPLO DE RESISTENCIA SECULAR

El gobierno francés, ejemplo secular de la coherencia, completó los compromisos electorales para conseguir el Senado para garantizar los matrimonios entre personas del mismo sexo y las adopciones

Una demostración de un gobierno secular y respetar el principio de igualdad entre los ciudadanos que se resistieron a los ataques de la prensa y de la plaza de miles de católicos tradicionalistas y no.

Hasta el momento sin embargo, nuestra clase política continuará cumpliendo cobarde y obtuso a las restricciones impuestas por el Vaticano y los agravios del país más atrasado culturalmente que se opone al reconocimiento de las parejas del mismo sexo?

Un parlamento de un país democrático, a pesar de la fuerte oposición de los conservadores y los poderes antilaici, tiene el deber de legislar para garantizar la igualdad entre los ciudadanos y el avance cultural necesaria de la sociedad. 
El actual Parlamento italiano, más allá de unos , cuenta con los recursos políticos para curar una de las discriminaciones más fuerte en Italia. Hechos.

  FUENTE: Il Paesse Delle Donne -  Paola Brandolini - Presidente Nacional ArciLesbica

RIO GALLEGOS. 21 AÑOS PARA UN VIOLADOR

El 14 de febrero de 2011 una mujer de 50 años fue víctima de una violación, su atacante, para subirla a su auto la atropelló, la subió a la fuerza y le dijo mediante insultos que la llevaría al Hospital, pero mintió, la apuntó con un arma blanca y la llevó a un descampado donde abusó de ella, la ató y la dejó completamente desnuda y se dio a la fuga.

Ayer, por este aberrante hecho Lucas Jonquera, quien ya fue condenado el lunes 15 de abril por el delito de “Lesiones graves” contra una mujer, en un hecho ocurrido el 5 de junio de 2011, a la pena de seis años de prisión en cumplimiento en efectivo, fue condenado nuevamente ayer por los jueces provinciales.

Fallo

Fue el juez Joaquín Cabral quien informó que la Cámara falla, primero: en no hacer lugar al planteo de nulidad efectuado por la defensa técnica, segundo: condenar a Lucas Jorquera por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual agravado con acceso carnal agravado por el uso de arma”, a la pena de 15 años de prisión en cumplimiento efectivo, tercero: mantener el estado de detención del imputado librando oficio de estilo a las autoridades policiales y cuarto: diferir la unificación de condena conforme en lo dispuesto en los artículos 58 del Código Penal hasta tanto la presente quede firme.

Pruebas

Los jueces condenaron a Jorquera a la pena que solicitó el fiscal de juicio Gabriel Giordano, ya que para él las pruebas contra Jorquera fueron el testigo que presenció la requisa del auto y confirmó que fue encontrado en un descampado, otro testigo que vio cuando la Policía secuestró la uña del interior del vehículo. Pero sin dudas la prueba más fuerte del debate fue la declaración de la víctima y la compatibilidad de la uña con ella.

Relato de la víctima

Jorquera comenzó a ser juzgado el 9 de abril de este año, al no declarar, escuchó junto a los jueces el  testimonio de su víctima quien contó que el 14 de febrero de 2011 caminaba por calle José Ingenieros casi Salta, cuando el condenado manejaba un auto de color rojo: “Me chocó y caí al piso”, tras lo sucedido “él salió del auto, me tomó del brazo y por la fuerza me metió al vehículo, mientras me insultaba”, relató.

Además recordó que “al pasar por el Hospital, me quise bajar, forcejeamos y traté de arrojarme del auto, pero él me lastimó con un elemento de metal que sacó de la guantera”, la víctima se quebró y no pudo contener las lágrimas y angustiada siguió contando que “me inclinó la cabeza para que no pueda ver, por lo que no pude observar como llegamos hasta el lugar”, contó.

Tortura

Una vez allí “me obligó a pasar a los asientos traseros, me hizo sacar la campera, la camisa y los pantalones, para luego atacarme sexualmente”. La víctima dijo que opuso resistencia en todo momento “pero me golpeaba y amenazaba”, señaló.

Tras cometer el hecho su agresor, la bajo del auto, “me ató de pies y manos con mis prendas de vestir, me tapó los ojos y me dijo que hasta que no deje de escuchar el auto no me destape”.

Así fue la declaración de la víctima la que luego fue sustentada por varios testigos, entre ellos el de la oficial de servicio de la Seccional Sexta, quien contó como tomaron conocimiento de lo sucedido y lo que le relató la mujer cuando la trasladaba al nosocomio.

   

Asistencia

La oficial declaró y dijo que tomó conocimiento de lo sucedido cuando le informaron desde el Comando que necesitaban presencia policial en la intersección de las calles Peñaloza y Maradona, más precisamente atrás del boliche Ibiza, debido a que se encontraba una mujer semidesnuda y con lesiones sangrantes en su cuello, junto a dos hombres, quienes fueron los que encontraron a la mujer cuando se iban a trabajar.

Siguió manifestando que al momento de ser trasladada al Hospital la víctima le relató que cuando caminaba por la calle José Ingenieros a la altura de la calle Salta, fue embestida por un auto conducido por un hombre, quien le adujo que la trasladaría al Hospital, pero la llevó a otro lugar donde abusó sexualmente de ella y luego la dejó abandonada.

Informes médicos

Tanto el fiscal para solicitar la pena y los jueces para dictar el fallo tomaron en cuenta el informe médico realizado por la doctora Contreras, quien dejó constancias de las numerosas lesiones que presentó la víctima, entre las que se destacan el examen ginecológico, además fue la doctora quien dejó acreditado que la uña del dedo pulgar y meñique de la mano derecha de la víctima estaban quebradas.

En este contexto, explicó que se le quebraron las uñas, porque trató de evitar el hecho y por ello se determinó que fueron lesiones de defensa, por otro lado la herida cortante en el cuello fue producida por un elemento con filo. Para finalizar su informe la profesional concluyó diciendo que “existió ejercicio violento de la sexualidad”.

Pena impuesta

Para aplicar la pena acorde y justa para el caso, los jueces tuvieron en cuenta las pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, tomando en consideración la naturaleza de la acción, los medios utilizados para ejecutarla, el daño y el peligro causado, las condiciones personales, sociales y familiares del imputado, la edad del mismo, su educación y especialmente su conducta frente al delito.

Además consideraron como agravante la conducta temeraria del condenado, porque atropelló a su víctima, fingió socorrerla tratando de aprovechar el descuido de la misma y la obligó a subirla a su auto, le ató las manos y pies con su ropa, todo esto le demostró a los jueces que no tuvo ningún freno en su actuar al ver que era una mujer de 50 años, que estaba yendo al Hospital a atenderse por su delicado estado de salud, todas estas circunstancias tuvieron los letrados para imponer la condena justa.

Condena anterior

El 05 de junio de 2011 una joven fue encontrada tirada en el ingreso del barrio San Benito, con heridas superficiales en su cuerpo. Su atacante, Lucas Jonquera, se dio a la fuga pero fue detenido días después de haber cometido el hecho.

El lunes 15 de abril los jueces reanudaron la audiencia y lo condenaron a seis años de prisión efectiva, manteniendo su lugar de detención, por el delito de “lesiones graves”.   

Tampoco hicieron lugar al pedido de nulidad solicitado por la defensa y lo absolvieron por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma”, la calificación de la pena debió ser cambiada dado a que el testimonio de la víctima era fundamental, pero no fue encontrada. Para la Justicia ambos casos estuvieron relacionados.

FUENTE: TIEMPO SUR 

CHILE: NOMBRAR LAS COSAS POR SU NOMBRE

Hemos dicho hasta el cansancio que la violencia que nos afecta a todas las mujeres sólo por el hecho de serlo, es producto de un sistema social, político, cultural, que lo fomenta y reproduce día a día. Por lo tanto, lógicamente, las medidas que debemos tomar como sociedad y en especial, que debe tomar el estado, deberían apuntar a modificar actitudes, patrones de conducta, valores, normas, y todo el entramado simbólico e institucional que sustenta esta violencia. Sin embargo, nada se plantea en esta dirección.

La utilización que se hace de las mujeres y de sus muertes, cuando son asesinadas, es aberrante; en estos días la prensa informó tres nuevos femicidios, y el gobierno sólo atina a anunciar nuevos cambios en la ley. Las medidas punitivas y las mejoras al proceso judicial pierden su valor si no actuamos antes. Cada femicidio nos recuerda la urgencia de tomar medidas concretas para EVITAR otros y para detener el continuo de violencia que está presente desde que somos niñas, esto es: educación transversal basada en la justicia social y de género, educación sexual de calidad desde la niñez, regulación de la publicidad y de la televisión que sancione los mensajes discriminadores y que fomente los contenidos favorables a las relaciones igualitarias, la sanción decidida a toda forma de explotación sexual, entre muchas otras, ya que el listado de lo que se puede y debe hacer, es largo.

Por supuesto, sabemos que a este gobierno y a los anteriores no les interesa contribuir a estos cambios, pues así como el sistema neoliberal se sustenta en la reproducción social de la pobreza, también lo hace, en la perpetuación de la opresión de las mujeres. En consecuencia, se agotan en programas y medidas asistencialistas que sólo refuerzan el papel de las mujeres como madres y trabajadoras pobres, véanse la cantidad y creatividad increíble de bonos lanzados en estos 20 años que premian la acumulación de “vulnerabilidades”. Programas sociales “integrales” como chile crece contigo, chile solidario, puente, programas de apoyo al empleo de fosis, entre otros, abundan en acciones y expresiones que refuerzan el imaginario de la mujer madre, fuerte y sostenedora de la familia.

Entonces, nombremos las cosas por su nombre: al estado y al gobierno no les interesa erradicar la violencia contra las mujeres.        

 FUENTE: RED CHILENA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES - CHILE -por Paula Santana Nazarit

GUATEMALA: " SE DEBE ENTENDER EL PERFIL DE LAS VÍCTIMAS"

Su ideal de justicia le llevó a postularse como el primer juez a cargo del Tribunal B de Guatemala, contra el Femicidio. Sabía que la tarea no sería fácil y lleva ya varios casos complicados.

Carlos Antonio Rodas, juez del Tribunal contra el Femicidio, afirma que trata de ponerse en el lugar de la víctima

El más reciente caso que tuvo en sus manos el juez Carlos Rodas Mejía, de 44 años, fue el de un subcomisario de la Policía Nacional Civil, que fue condenado por la violación de una menor.

El juzgador habla de su situación, como hombre, en un tribunal que juzga la violencia contra la mujer.

¿Usted solicitó venir al Tribunal contra el Femicidio?

La materia tiene que ver con lo penal y he estudiado la maestría y el doctorado en ciencias penales, y esto tiene mucha relación y está dentro de lo penal, no se sale de lo que me gusta.

Manifesté mi interés por incorporarme al trabajo relacionado al femicidio. En la primera oportunidad no logré llegar, pero en la segunda ya hubo más oportunidad de acreditar los méritos que uno tiene.

La Corte Suprema de Justicia vio que sí llenaba el perfil de juez especializado en esta rama.

¿Ser hombre dificulta percibir la violencia de género?

Estoy consciente de que llevamos inmerso ese machismo. Como hombres, lo tenemos, porque es parte de la cultura guatemalteca. Como profesional he de decir que todas estas capacitaciones de alguna manera nos cambian la forma de ver las cosas, nos ayudan a entender más la problemática de la mujer en cuanto a la violencia.

¿Qué hubiera hecho antes que hoy no haría en contra de una mujer?

Como hombre, considero que nunca he ejercido violencia contra la mujer, más que con los hijos, en lo disciplinario.

En lo profesional sí admito que he cambiado mi forma de percibir las cosas. Entiendo que había que ponerle un enfoque especial al análisis que comúnmente se hace en un proceso penal: es decir ponerse en los zapatos de una mujer agredida.

Eso es sensibilización. Desde el punto de vista profesional sí es necesario como juzgador tener la capacitación para entender esa problemática.

¿Le resulta complicado ponerse en el lugar de la mujer víctima?

Es parte de este trabajo buscar entender el perfil, la psicología de las agredidas: el ciclo de la violencia. Por eso es necesario, desde lo profesional, formarse. No cualquier juzgador puede entender eso si no ha sido capacitado, por ejemplo, en cuanto al ciclo de la violencia, por qué la mujer se arrepiente, concilia y a veces se retracta. Es parte de ese ciclo, debemos entenderlo así.

¿Debería haber juzgados de violencia contra el hombre?

No hay un equilibrio de incidencia de violencia contra el hombre, es excepcional, puede haber violencia contra el hombre por situaciones de superioridad física de la mujer, económica o psicológica, pero no hay mucha incidencia, no son casos recurrentes. La mayor parte de violencia va contra ellas.

¿Cuál es el mayor reto que tiene como hombre y profesional en este tribunal?

Ser justo, ecuánime y tratar de poner mi granito de arena, a través de mi trabajo y sentencias, para dignificar en la medida de lo posible a la mujer.

¿Algún caso que le haya impactado más?

Uno paradigmático, lastimosamente en sentido negativo, el de la utilización de un animal, de un perro, en un tipo de ultraje. Esa fue una situación que rayó en lo inhumano. Fue una agresión de lo más bajo porque se denigró a la víctima.

¿En la reparación de las víctimas cree que haga falta algo en el sistema?

El Estado puede apoyar más en ese sentido, que haya un ente que se encargue de conseguirles medios de subsistencia, de acuerdo a su capacidad, garantizarles, porque el problema de que muchas mujeres desisten porque se preguntan quién va a ayudarles con sus hijos. Sí es necesario que el Estado incida un poco más. Además hay legislación que dice que es el Estado quien debe responder a esos problemas; regularmente el sindicado no tiene cómo responder.

Trayectoria

Carlos Antonio Rodas Mejía, 44 años, juez del Tribunal contra el Femicidio.

Tiene 44 años de edad,   20 de ellos los ha dedicado trabajar para el Organismo Judicial, en donde ha hecho carrera judicial.

Sus cargos: oficial de juzgado de Paz, secretario de Paz, juez de Paz, después ascendió a juez vocal de tribunal, luego  juez de Instancia Penal y ahora  juez vocal de un tribunal especializado.

Ha estado en las cuatro regiones del país. Como juez de Paz, en Morazán, El Progreso; Rabinal, Baja Verapaz; Jalpatagua, Jutiapa, y Cuilapa, Santa Rosa.

Fue juez en el Tribunal de Coatepeque, Quetzaltenango.

También fue juez de Instancia Penal en Escuintla y ahora en el Tribunal contra el Femicidio en Guatemala.

Fuente: DIARIO DIGITAL FEMENINO - Prensa Libre -Por Sandra Valdez

COMENZÓ A FUNCIONAR EL GABINETE SOCIAL DE POLICÍA EN EL CALAFATE.

El Calafate, (Corresponsal) “Los policías, como todos, son emergentes de nuestra sociedad”, dice el doctor Carlos Giménez, médico calafatense y perteneciente a la Policía Provincial, donde ahora comanda el Gabinete Social y de Reconocimientos Médicos.

El área fue creada el año pasado en los papeles, pero recién comenzó su funcionamiento el 3 de abril. Al médico lo secundan una psicóloga, un policía estudiante de enfermería y una asistente social.

Los profesionales debieron intervenir en el caso del cabo policial que una semana atrás atacó a su ex novia en la vía pública y luego intentó suicidarse subiéndose a un árbol con una soga en el cuello.

Sobre el caso, en el gabinete no se brinda información, por el secreto profesional, pero se sabe que fue uno de los primeros uniformados con los que se encontró en contacto para un abordaje psicológico.

Los sucesos encontraron al Gabinete Social en plena formación. Carlos Giménez explicó que en estos días se trabaja en un relevamiento que comprende a todos los policías locales, incluyendo los jefes de dependencias. 

El trabajo había comenzado antes de los hechos de la semana pasada en forma paralela a una labor de información hacia policías e instituciones locales para avisar de la puesta en funcionamiento del servicio.

 “Estamos trabajando con toda la red local de instituciones, para que estén al tanto de este servicio ante cualquier caso donde haya un policía involucrado, como víctima o victimario”, comentó el médico policial.

Sobre la relación con los uniformados, Giménez le contó a esta corresponsalía de La Opinión Austral que “estamos haciendo el relevamiento de todo el personal, desde el jefe hasta el último efectivo. Es un diagnóstico social para saber qué le está pasando, y conocer problemáticas y necesidades”.

Explicó que también se trabaja en la adaptación de diferentes protocolos nacionales e internacionales a la realidad de la sociedad calafatense. 

Si bien el diagnóstico general aún no está realizado, porque se continúa con el relevamiento, Giménez dijo entender que los policías que prestan funciones en El Calafate tienen estigmas, como en cualquier parte del país y del mundo, mucho más en la ciudad en donde en el término de dos años se incrementó el número de muertes y denuncias que involucran a personal policial.

 “No debemos olvidar que la Policía es emergente de la sociedad que tenemos. No es autojustificación, sino de conciencia para saber qué podemos aportar”, agregó el profesional.

También finalizó diciendo: “el policía está solo, sus problemas no se los cuenta a un subalterno y el superior difícilmente le da importancia”.

fuente: la Opinión Austral