La sociedad santafesina ha atravesado unos meses de duros debates internos y políticos sobre el acceso de las mujeres a la protección y a la justicia. En nueve meses 19 mujeres fueron asesinadas en la provincia, se logró la primera imputación por femicidio, se dio media sanción a un proyecto de ley de Declaración de la Emergencia en Violencia de Género y se absolvió a los imputados en el sexto juicio por trata de personas.
El 23 de septiembre, el día en que se conmemora la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe dio a conocer los fundamentos de la sentencia que absolvió a seis imputados en el sexto juicio por trata de personas. Hubo indignación y dudas porque, en definitiva, la resolución da cuenta de que nunca se le creyó a J.N.C. que –en 2010 cuando ocurrió el hecho juzgado– tenía 15 años.
Fue un golpe más que se sintió duro en una provincia donde, en los últimos meses, se ha dado un gran debate social y político sobre el acceso de las mujeres a la protección y a la justicia en diferentes casos de violencia. Es que entre enero y septiembre, en Santa Fe hubo 19 femicidios, muchos de ellos fueron perpetrados con una saña tan grande que fue imposible que el tema no estuviera en boca de todas las personas. Esa situación despertó, sobre todo en un año electoral, críticas durísimas desde la oposición al gobierno provincial por la ausencia de protocolos claros de atención ante las denuncias, por la cantidad de refugios para víctimas y por las demoras en la concreción de políticas públicas como la disponibilidad de una guardia telefónica las 24 horas para pedir ayuda. La Dirección provincial de Políticas de Género respondió mostrando las tareas que lleva adelante y asegurando que en los más de 600 casos en los que han intervenido directamente se ha logrado preservar la integridad de las víctimas y trabajar en su empoderamiento.
No les creen
En 2010, J.N.C. salió a bailar a un boliche de la zona norte de la ciudad de Santa Fe y no regresó a su casa. Su familia realizó la denuncia y comenzó a buscarla. La encontraron dos semanas después en una casa de San José del Rincón, una ciudad a ocho kilómetros de la capital provincial. La joven contó que la tenían cautiva y que la obligaban a tener relaciones sexuales, a partir de eso comenzó la causa por trata de personas, conforme a lo que establece la Ley de Trata sancionada en 2008.
Por el caso estaban imputados un policía, José Luis Maza; un remisero que la habría trasladado, Cristian Di Stéfano; Miriam Villalba, la dueña de la vivienda, y sus hijos Víctor Villalba Jara y Ludmila Giuliana Rulera; y Darío Cañete, novio de la joven. Todos fueron absueltos por el tribunal integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Miguel Abásolo.
En los fundamentos de la sentencia se habla de incongruencias en el relato de la víctima. La jueza Vella sostiene, entre otras cosas, que la descripción del lugar que realizó J.N.C. no concuerda con lo relevado por la policía de Rincón y que, en unas fotografías que le tomaron, la chica se ve de una manera que “no se compadece con la situación de abuso y encierro que dijo haber sufrido”. Una vez más aparece la duda sobre los dichos de la víctima como una de las claves para la liberación de los imputados y la situación se vuelve más grave cuando se trata, como en este caso, de una persona menor de edad porque la ley Nº 26.364 marca que no se debe considerar si se ha dado consentimiento o no para la explotación sexual.
“La justicia es profundamente patriarcal. Lo saben las mujeres que acuden a los tribunales para evitar que sus parejas las maten y tienen la certeza, luego de todo un peregrinar que demando horas entre fiscalía y juez de familia, de que cuando vuelven a su casa están solas”, señaló Nidia Kreig, integrante del Foro Santa Fe contra la Trata. Y agregó: “¿Cómo pueden entonces fundar un fallo en que la victima mutó su relato y, por lo tanto, no se puede reconstruir lo acaecido? Afirman que no pueden dar fe de que la menor dice la verdad, que no hay razón de peso para darle más valor a su palabra que a la de los acusados y sostienen que hacerlo sería violar el principio de igualdad ante la ley. ¿Principio de igualdad ante la ley? ¿Qué igualdad hay entre menor, la víctima, y seis adultos, los imputados del delito? En los fundamentos señalan que en la menor había ausencia de espontaneidad que disminuye la contundencia del relato. ¡Es increíble! A una chica de 15 años, humilde, que fue sometida a explotación sexual desde el poder disciplinador de tres jueces federales se le dice que ella es contradictoria, que no es espontánea ni contundente”.
Para Silvina Sierra, referente local de la Campaña Abolicionista Nacional, la resolución es muy grave porque da cuenta de “una tremenda misoginia. Una vez más la justicia argentina no le cree a una víctima, en este caso menor de edad. Tampoco le creyó a los testigos que dijeron que el lugar donde estuvo esa jovencita era un prostíbulo muy frecuentado. La revictimiza casi haciéndola culpable del tormento por el que pasó. Esto es muy grave. Incluso el tribunal la acusó de ser contradictoria y poco clara, ya que no supo demostrar cómo fue abusada, es una gran barbaridad”.
El rechazo a la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) se llevó a las calles. El mismo día en que se dieron a conocer los fundamentos de la sentencia, el Foro Santa Fe contra la Trata se manifestó frente al edificio y luego se trasladó hasta la puerta de un club nocturno del microcentro. Allí realizaron pintadas con las leyendas “Ni una piba más” y “Sin clientes no hay trata”. Tras esos hechos, cuatro chicas y un varón fueron detenidos por la policía. Los retuvieron en la comisaría unas horas y luego los liberaron, un hecho que desde el Foro evalúan como violento e intimidatorio.
Por su parte, la abogada Clelia Trossero, coordinadora de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional del Litoral sobre concientización y sensibilización de adolescentes, también analizó la resolución del TOF y evaluó que, lamentablemente, es habitual que no se tome en cuenta el relato de la víctima y que se necesita más formación específica para la atención de ese tipo de delitos. De todas maneras destacó que es necesario respetar a la justicia y exigir a los magistrados que den respuestas sobre sus resoluciones.
“Sucede siempre. No se le cree a la víctima, se la investiga y se cree que la que tiene algún problema psicológico es ella. No alcanza con que la propia víctima diga lo que le sucedió. Si vos vas a denunciar un robo te creen porque vos no vas con lo que te robaron porque no lo tenés. Pero vas a denunciar que te violaron y empiezan a pedirte que demuestres que estás golpeada, que no conocías a la persona –porque sino surge otro estigma– y otras cosas. Esto pasa porque no nos capacitamos”, subrayó.
Trossero reconoció, sin embargo, que la presión social sobre este tipo de casos es mucha y que los jueces han tenido que tener mucho valor para dar un fallo por el que sabían que iban a ser cuestionados. “Más allá de lo que pasó necesitamos creer en los jueces, necesitamos creer que si fallaron así es porque tenían que hacerlo. Hay un descrédito de pensar que ellos son parte de la red de trata. Si lo creemos así y tenemos la prueba para hacerlo denunciémoslo ante quien corresponde. Pero también hay que pensar que estas personas, con todo lo que implica la trata, que era una menor y la atención mediática, hayan fallado de esa manera implica que se han comprometido con una decisión que sabían que después iba a tener una reacción fuerte”, manifestó.
Por último, hizo hincapié en que ahora se debe seguir pensando en esa chica. “Hay que tener en cuenta que ahora esta chica pasa a ser víctima de una sociedad que, a través de un fallo, queda estigmatizada de una manera y a merced de una situación que ni ella ni su entorno familiar van a poder manejar –indicó–. Hubo seis personas imputadas, detenidas durante años que no se sabe cómo van a reaccionar. Dios quiera que reaccionen bien, que alguien tenga en cuenta esta circunstancia de que la víctima queda fuera de la protección que regía durante el juicio”.
Dos respuestas a los crímenes machistas
No sólo en materia de trata de personas la Justicia es noticia en Santa Fe. En Semana Santa tres mujeres fueron incineradas en distintos hechos pero en situaciones similares. Jorgelina Rodríguez, Carmen García y Melina Monzón se encontraban solas con sus parejas cuando terminaron con lesiones gravísimas producto de quemaduras en gran parte de sus cuerpos. Jorgelina aún lucha por recuperarse, pero Carmen y Melina fallecieron.
Esos casos muestran las dos caras de la justicia ante un mismo problema. Relaciones violentas, agresiones, maltratos y mujeres que terminan con lesiones gravísimas por fuego cuando se encontraban solas en una casa con sus parejas. Sin embargo, la causa por el asesinato de García se convirtió en la primera imputación por femicidio en Santa Fe; y en el caso de Monzón, la jueza Susana Luna dictó la falta de mérito para el novio de la chica. El joven dijo que Melina se quemó sola tras una discusión y la jueza le creyó; cabe destacar que en el tiempo que estuvo agonizando en el hospital José María Cullen, nunca fue a visitarla.
“Esas dos realidades distintas son las que tenemos habitualmente en la justicia, no hay criterios unificados, hay poca formación de los operadores judiciales en la temática de violencia y menos aún con formación en género”, evaluó la abogada Lucila Puyol.
Pero el tema no está cerrado y muchas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en Santa Fe siguen atentas las resoluciones e investigaciones; e incluso realizan aportes para acompañar a las víctimas y sus familiares y para capacitar a la población. Y, más allá de algunos resultados negativos, se ha dado un gran avance: la violencia de género está en el centro de la escena, las miradas empiezan a cambiar y la naturalización de los hechos empieza a ponerse en crisis.
Foto: puerta de los Tribunales de Santa Fé cuando se conoció el fallo sobre trata.
fuente: COMUNICAR IGUALDAD - Por Victoria Rodriguez, desde Santa Fe
No hay comentarios:
Publicar un comentario