DIÁLOGO CON ALMA PADILLA, COORDINADORA DEL CENTRO DE LA MUJER INDIGENA¨¨ EN CHIAPAS, MEXICO
En esa zona rural se entrecruzan tres sistemas legales. El tradicional de las comunidades, las leyes oficiales y las del zapatismo. Las mujeres deben resolver sus problemáticas, sobre todo la violencia de género, en ese contexto complejo.
El despojo de la tierra, el monocultivo promovido por las trasnacionales, la falta de políticas públicas en favor de la salud y de la educación están debilitando fuertemente a las comunidades indígenas y campesinas mexicanas. En Chiapas, cuna del Movimiento Zapatista, se encuentra ubicado el Centro de Derechos de la Mujer Indígena. Su coordinadora, Alma Padilla, insiste en que el trabajo realizado con las mujeres apunta a fortalecer en ellas la idea de que la violencia que sufren es parte de un problema estructural. De manera que el centro es un espacio fundamental para alojar, asesorar e informar a las mujeres de Chiapas.
–¿El centro de derechos de mujeres de Chiapas nació como consecuencia de la organización de las mujeres, o reunió un reclamo disperso?
–La construcción del centro de derechos de la mujer de Chiapas surge como una manera de organización de varios grupos de mujeres ya organizadas y algunas independientes. En 2004 hay una asamblea de diferentes mujeres de Chiapas y de otros territorios. Ahí, a partir de la exigencia de las mujeres, aparecen muchas denuncias de violaciones a los derechos de las mujeres, sobre todo denuncias como formas de contrainsurgencia que se estaban dando desde el Estado, a raíz del levantamiento zapatista del ’94. Entonces se dan cuenta de que en este espacio se construye por las mismas mujeres y se alojan los numerosos reclamos, que previamente no contaban con un espacio donde resolver o donde construir otras alternativas. De ello surge la idea de construir un centro de derechos humanos que atienda y pueda trabajar en el proceso de transformación de la violación a los derechos de las mujeres. Entonces se crea el centro de derechos de la mujer de Chiapas y, a la par, el Movimiento Independiente de Mujeres, que durante mucho tiempo generó el proceso de organización y de transformación del trabajo con las mujeres.
–¿Cómo está organizado el centro?
–El centro tiene una mezcla de mujeres indígenas y de mujeres mestizas trabajando. Principalmente defensoras de los derechos humanos, conformando un equipo de veinte personas aproximadamente. Además existen diversas profesiones y procedencias. Tenemos un trabajo comunitario y cooperativo entre las diversas disciplinas. El centro tiene una organización horizontal guiada por una conciencia política que orienta el trabajo hacia la defensa de los derechos humanos, hacia la defensa de una vida digna, hacia la transformación del lugar de la mujer y la eliminación de la violencia. Este es un centro construido teórica y políticamente en torno a esa cuestión.
–Entiendo que en Chiapas existen distintos tipos de sistemas jurídicos ¿Cuáles son los que contemplan en el trabajo del centro?
–En Chiapas existen tres tipos de sistemas jurídicos que son: el sistema tradicional, que es el que está dentro de las comunidades indígenas y campesinas; el sistema autónomo, que es el que se ha construido a través del movimiento zapatista y que tiene su base en el sistema tradicional, y el sistema oficial o positivo a través de las instituciones oficiales del gobierno mexicano. Entonces el centro de derechos utiliza y valora en el mismo nivel de fuerza política y de capacidad de resolución a todos estos sistemas. Entonces el centro de derechos utiliza los tres sistemas en igualdad y usando estos tres sistemas se resuelven los problemas de violación de los derechos de las mujeres. Las mujeres realizan sus denuncias dependiendo de su propia experiencia en cada sistema. Por ejemplo, las mujeres que vivían en comunidades indígenas y campesinas en su mayoría resuelven sus problemáticas en los sistemas tradicionales que competen a sus comunidades. En el caso de las mujeres que pertenecían al Movimiento Zapatista lo resolvían internamente. Desde este proceso hay una participación y una exigencia de justicia propia. Una cosa que es muy importante que se da tanto en el sistema tradicional como en el sistema autónomo es que se otorga mucho valor a la voz de las partes involucradas.
–Es muy interesante el cambio de una posición subjetiva de la victimización a la posición más implicada con la que trabajan.
–Desde el centro trabajamos con sus propios procesos, para que ellas busquen la justicia en primera persona, es decir que logren resolver sus casos como propios. El centro en este sentido se vuelve un acompañante y un impulsor en relación con esta justicia. Este es el proceso que llamamos de “defensa participativa”. Es importante marcar el lugar de agente que tienen las mujeres, para sacarlas del lugar de victimización, porque si nos quedamos con eso no va a haber ninguna transformación. Entonces ellas tienen que reconocer cuál ha sido su aporte en ese proceso para poder transformarlo.
–¿En que consiste la “defensa participativa”?
–Esta idea consiste en que las mujeres sean agentes de sus propias vidas. Pero además consideramos que la resolución jurídica no es la única resolución, sino que tiene que haber una transformación en lo que llamamos la autodeterminación. Es decir que el proceso jurídico de resolución de su caso se vuelva un proceso impulsor de transformación de su vida, de su entorno, de sus afectos, en relación con cómo se vive la vida. Si una mujer vive una situación de violencia de género porque, por ejemplo, su pareja la está violentando, el proceso no se resuelve con el hombre en la cárcel. Entonces la idea es hacer una transformación más profunda, para que se modifique no sólo esa relación en particular sino el modo de relacionarse, el modo de vivir de esa mujer. Luego de un largo análisis, las mismas mujeres afectadas determinan cuál es la vía jurídica por la que el caso se tiene que resolver.
–La defensa participativa implicaría el reconocimiento de los derechos violados, el reconocimiento de que las mujeres tienen derechos y deben reclamar por ellos.
–Pero quiero destacar que el centro no viene a resolver problemas: asesora y acompaña a las mujeres en sus procesos de resolución de problemas. Incluso realiza denuncias jurídicas y políticas, denuncia los sistemas que no reconocen los derechos de las mujeres o que deciden reproducir la violencia a través de los mismos sistemas. La violencia tiene una historia, y nosotras trabajamos para que las mujeres sean consientes de ello. Esto permite poner la violencia en contexto y transformar el problema en una regla y no en una excepción. Creemos que esta violencia está asociada a problemas intrínsecos del sistema neoliberal, patriarcal, con una base estructural e histórica.
–¿Cuál es la relación del centro con el Estado?
–El Estado mexicano tiene una tendencia neoliberal, por lo tanto todo el proceso de construcción de políticas públicas para la población depende de la dinámica del mercado neoliberal. En el ’94, cuando se firma el tratado de libre comercio (ALCA), emerge el Movimiento Zapatista denunciando este tipo de políticas durísimas para la población. A su vez ciertos métodos contrainsurgentes se generalizan apuntando a las comunidades indígenas. Junto con esto se produce un auge de programas asistencialistas, con base contrainsurgente, que limita la organización política de los pueblos. Es decir, estos organismos, en lugar de proveer una buena educación y una buena salud, optan por impulsar estos programas que no son la solución y lo que la gente realmente necesita. Esto genera dependencia pura. En realidad, es necesario proteger el campo, proteger los alimentos y la tierra del avance de las trasnacionales junto con políticas públicas reales. Nosotras estamos en total desacuerdo con estas políticas y nuestro trabajo apunta a informar a la población sobre cómo estas políticas son completamente contrainsurgentes, son desmovilizadoras de las procesos organizativos, y sobre todo sustentan la economía de las grandes trasnacionales. Se está impulsando desde el Estado la producción de monocultivo de palma africana, de soja y el uso de agroquímicos que dejan infértil a la tierra por muchos años. Esto trae como consecuencia la interrupción del autoabastecimiento de las comunidades sumergiendo a familias enteras en la miseria. Uno de nuestros trabajos fundamentales, entonces, es la información respecto de estas políticas estatales. Estos son procesos de sensibilización y de formación de las comunidades que son paulatinos y que nosotras realizamos permanentemente.
–¿La ley agraria no otorga el derecho de la mujer a poseer la tierra?
–Existen procesos de discriminación dentro de las comunidades, ya que las mujeres son las que menos van a la escuela, las que en general no saben hablar español. Esto lleva a un proceso de discriminación de género pero también de clase. De la misma forma, ellas no puede heredar la tierra, ni poseerla, porque es el hombre el que la trabaja. La ley agraria reconoce el derecho de las mujeres a poseer la tierra, pero en la práctica esto no sucede. Los núcleos ejidales no son capacitados para que estos derechos sean reconocidos. Pero esto está claramente ligado a la voluntad por parte del Estado de llevar a cabo un plan de privatización a gran escala.
–¿Cuáles son las estrategias de despojo de la tierra?
–Nosotras consideramos que el ejercicio de los derechos humanos está en relación con la naturaleza. La educación está asociada a la soberanía alimenticia, a la agro-ecología, etc. Si no existe esto, difícilmente se van a poder hacer valer los derechos humanos. Entonces trabajamos mucho poniendo la tierra en relación con los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que las mujeres históricamente han sido excluidas de la propiedad de la tierra, por eso para nosotras es tan importante poner en la base el derecho de estos pueblos a usufructuar la tierra, a subsistir cultivando y fundamentalmente a no ceder jamás este derecho. Por otra parte, la privatización es el objetivo último, que muchas veces se da por medio de estrategias legislativas, educativas y demás. Junto con esto, se dan formas de paramilitarización, que son grupos de la misma población indígena que son preparados por el ejército para atacar a sus propios vecinos. Entonces en apariencia es el mismo pueblo indígena que se está atacando. Esto disuelve la organización política y genera un doble daño porque es una matanza entre los mismos pueblos.
–¿A qué llaman “guerra de baja intensidad”?
–Yo creo que ya no es de “baja” intensidad, pero bueno, es el término que se utiliza. Este término se refiere a que no hay una guerra de enfrentamiento armado permanente, pero hay acciones que van menguando la vida y la posibilidad de transformación con diferentes estrategias. La escasa inversión en salud y en educación produce un debilitamiento muy fuerte de la sociedad. A la par, se impulsan programas asistencialistas que proponen ayuda económica a las familias con la condición de que éstas se alejen del Movimiento Zapatista, o bien cooptando su tiempo para que no vayan a las reuniones. De manera que estas políticas asistencialistas vienen a tapar la desinversión en salud y en educación. Como consecuencia, por ejemplo, en Chiapas la gente todavía se muere por enfermedades gastrointestinales que por lo general son muy fáciles de curar en nuestra época.
–Se registran muchísimos desaparecidos en los últimos años, ¿cuáles son las causas?
–En México se ha generado el Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se denuncian varias violaciones a los derechos humanos a raíz de la guerra contra el narcotráfico, que fue impulsada por el gobierno de Calderón. Donde las fuerzas del orden y los narcotraficantes han desaparecido a miles de personas y donde han quedado desamparados miles de huérfanos. Hay comparaciones estadísticas que ahora no tengo a mano, pero que muestran que la guerra contra el narcotráfico ha generado muchas más muertes que guerras abiertamente realizadas. En realidad, esto no fue más que una guerra contra el pueblo que se basaba en el terror. Este tipo de políticas apuntan fundamentalmente a la desterritorialización de los pueblos, expulsando a la gente de sus tierras para poder usarlas en beneficio del mercado. Y, en este contexto, los medios de comunicación, cuya línea editorial en general está marcada por el Banco Mundial y los grandes poderes trasnacionales, no informan claramente con cifras, con estadísticas, sobre lo que sucede.
–¿Qué relación tiene el centro con el MZLN? El Movimiento Zapatista incluyó desde el inicio mujeres en su ejército.
–Yo creo que ahí hay un proceso muy interesante porque es el mismo pueblo organizándose. Nosotras acompañamos el proceso, pero no somos las actoras de este proceso, son ellos. El Movimiento Zapatista es una organización independiente, nosotras somos adherentes a la Otra Campaña, asumimos la sexta declaración de la selva Lacandona. Obviamente creemos en la transformación que está realizando el movimiento. Aun así nosotras tenemos nuestra propia línea de trabajo. Retomamos y coincidimos con fundamentos del movimiento alineándonos en un proceso antisistémico, anticapitalista y antipatriarcal. Apoyamos el proceso que están realizando con la agro-ecología, y apoyamos la autonomización que ellos impulsan. El centro trabaja de manera independiente fundado en una línea claramente feminista y en defensa de los derechos humanos.
FUENTE. PÁGINA 12 - Por Julia Goldenberg.-
****: Desde una perspectiva de DDHH denominamos " originarios/as".
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