DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Título original: " una piña a la violencia en la familia"

Este martes, en un plenario de comisiones del Senado, se discutió una iniciativa presentada por Aníbal Fernández y Elena Corregido que prevé erradicar la violencia y el abuso de poder en el ámbito familiar.

Muchas iniciativas en torno a la violencia familiar y de género fueron ampliamente debatidas durante el último año en el Congreso de la nación. Se realizaron avances en este sentido, como la tipificación del delito del femicidio y otro tipo de alternativas que permiten brindar herramientas de lucha institucional contra estas problemáticas.

Para continuar en esta línea de debate, este martes en el Senado se realizó un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, en miras a tratar un proyecto ambicioso que busca atacar estos flagelos desde su núcleo. Se trata de una iniciativa de los senadores Aníbal Fernández (FpV) y Elena Corregido (FpV) en la que buscan erradicar la violencia y el abuso de poder en el ámbito familiar.

En el debate se pusieron de manifiesto algunos de los puntos principales establecidos en la propuesta. En primera instancia, se destacó que las víctimas de estos flagelos podrán solicitar el restablecimiento en orden a las leyes vigentes en relación a este tema, consignando al mismo tiempo que deberán prevalecer siempre las normativas que brinden mayores garantías a las personas, sean del ámbito provincial o nacional.

Pero un punto importante en este sentido es que esa previsión será aplicada de forma independiente a los procesos de divorcio, alimentos, tenencia y regímenes de visita o cualquier juicio entablado en el marco del Derecho de Familia o procesos penales que afecten a las partes. Lo establecido en la ley no afecta ni reemplaza a estas instancias.

Los legisladores definieron a la violencia y el abuso de poder en el ámbito familiar como “toda acción, omisión o manipulación crónica, permanente o periódica, generadora de riesgo actual, que afecte la integridad física, psicológica, emocional, sexual, económica o la libertad de un integrante del grupo familiar”.

Al mismo tiempo, la iniciativa de Fernández y Corregido consigna algunos principios de PREVENCIÓN, como el hecho de que el juez que reciba una denuncia de este tipo deberá, de acorde al caso, disponer medidas de protección de urgencia, con independencia de la posibilidad de que en un futuro la causa no esté en sus manos por cuestiones de competencia.

En los fundamentos, los senadores precisan que “la iniciativa tiene por finalidad garantizar el efectivo goce de estos derechos y sancionar a quienes, dentro del ámbito de los grupos familiares, los restringen, avasallan o lesionan. Propicia asegurar los derechos de las víctimas a recibir atención psicológica, médica y jurídica especializada, reparación de los daños sufridos, protección, seguridad, información y asistencia social dentro o fuera del hogar mediante programas adecuados, para su recuperación e integración familiar, social y laboral”.

“En lo atinente a los agresores, se pretende determinar su responsabilidad por el daño causado, la reparación de sus consecuencias, la sanción por el ilícito cometido y su derivación a programas o tratamientos especializados, a fin de superar las causas que dieron origen a su accionar violento”, agregan los legisladores

Al mismo tiempo, Fernández y Corregido destacan que “la asimetría del poder es una de las características más comunes de la violencia familiar, en la cual una persona con más poder abusa de otra con menos poder, sin que quede descartada la presencia de una patología, que en esta materia no quita responsabilidad al agresor por sus actos”.

FUENTE: DIARIO JUDICIAL