DECILE NO A LA TRATA - AFICHE

EL OTRO FEMINICIDIO TUCUMANO

Hay expectativas de que se nacionalice el reclamo, por la intervención de justicia y Derechos Humanos.

Tucumán no tiene paz. Y está bien que así sea. Después del vergonzoso fallo que dejó libres a las 13 personas imputadas en la desaparición y secuestro de Marita Verón, en diciembre del 2012, y cuando los medios de la provincia siguen aún atentamente cómo se resolverá el pedido de juicio político a los tres jueces intervinientes y la apelación de la sentencia, suena cada vez más fuerte el clamor por el esclarecimiento de otro feminicidio hasta ahora impune: la desaparición y posterior asesinato de Paulina Lebbos, en febrero del 2006.

EL CASO

Hace siete años, Paulina Lebbos –estudiante de comunicación social, mamá de una nena de cinco años y empleada pública de la provincia- salió de un boliche a la madrugada, rumbo a la casa de su novio, y no se la volvió a ver. El 11 de marzo apareció estrangulada al costado de un camino. 

Después de siete años, hubo sólo dos personas acusadas –todas de responsabilidad bajísima en el desarrollo del crimen- y la familia querellante no pudo acceder nunca a la causa porque la justicia provincial se lo negó. ¿Razones? Se trataría de un expediente "reservado".¿Por qué? Las especulaciones en la provincia indican que porque se está encubriendo a "hijos del poder" y que se estaría frente a "otro caso María Soledad". El novio de Paulina, César Soto, podría haber sido el entregador para una "fiesta" sexual que terminó en feminicidio en una finca cercana a la capital. 

En abril del 2006, con el cadáver todavía caliente y en un año en el que se definía su continuidad al frente del Poder Ejecutivo provincial, el gobernador José Alperovich dijo que él sabía quién había asesinado a Paulina y que pronto revelaría el nombre. Casi siete años después, ninguno de los funcionarios involucrados en el caso fue separado definitivamente del cargo. Sólo el entonces ministro de Seguridad fue separado para ser nombrado poco después asesor del gobernador. Los demás continúan ejerciendo las mismas funciones o incluso fueron ascendidos.

Además del gritado a voces encubrimiento de las autoridades, el caso tuvo un episodio de evidente connivencia inadecuada entre los poderes del Estado cuando el primer fiscal interviniente, Alejandro Noguera, acudió durante la noche –cinco días después de aparecido al cadáver- a la residencia del gobernador y al salir, puesto al descubierto por los medios de comunicación, declaró que había ido a pedirle ayuda. La Corte Suprema provincial decidió inmediatamente su alejamiento del cargo, pero en su lugar fue nombrado otro fiscal con fama de archivar los expedientes. Y así pasaron los siguientes siete años, con una causa en la que no se hizo prácticamente investigación. 

EL RECLAMO DE LOS FAMILIARES  Y LA MANIPULACIÓN DE PRUEBAS.

La familia de Paulina, liderada por su papá Alberto, que se puso al frente del reclamo, solicitó casi 200 pruebas en el expediente. Ninguna fue realizada. Cuando apareció el cuerpo, descubierto por dos baqueanos y no por el rastrillaje policial, pasaron cuatro horas antes de que la policía provincial avisara al fiscal. Se descuenta que en esas horas se manipularon las pruebas. De hecho,

•  40 días después de hallado el cadáver, y por pedido de Lebbos, fueron allanadas dependencias de la policía en las que se encontraron fotografías del cuerpo en una posición diferente a las difundidas oficialmente, es decir que probaban que la escena del crimen había sido intervenida. 
• Tampoco fueron cruzadas las llamadas telefónicas entre el funcionariado y la policía provincial durante esas cuatro horas, que son las que la querella presume que fueron definitivas para armar la trama de simulaciones en torno al feminicidio.

 LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Hace pocas semanas, el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad –dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, designó a Bernardo Lobo Bugeaucomo su representante para interiorizarse del caso. El abogado tucumano había sido secretario de Derechos Humanos en la provincia cuando Paulina desapareció y fue el único que renunció al cargo en apoyo a las denuncias de Lebbos –quien a su vez también renunció a su propio cargo como subsecretario provincial de Juventud-. La Secretaría de Derechos Humanos fue una de las tantas oficinas del estado nacional a las que Lebbos tocó las puertas en los últimos años cuando comprendió que la justicia tucumana no develaría la trama del crimen. Sin embargo, no había obtenido respuesta hasta ahora. La sensibilización social por el fallo sobre Marita Verón, y quizá internas políticas aún no explicitadas, son la razón para que hoy el organismo nacional intervenga. Lebbos a su vez le pidió una audiencia a la presidenta confiando en que pueda destrabar la trama de impunidad provincial; y familiares y amistades de Paulina y su familia volantearon este verano varias zonas turísticas del país con el reclamo por el esclarecimiento del caso.

En Tucumán hay expectativas por la posible nacionalización del reclamo, particularmente a partir de la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Por la razón que sea, es hora de que se haga justicia sobre otro de los feminicidios emblemáticos tanto del machismo social como de la impunidad y corrupción de algunos poderes del Estado en relación a éste y otros temas. Sobre todo en una provincia en la que es aún muy potente la historia reciente de represión y oscurantismo. 

FUENTE: TIEMPO ARGENTINO - POR SANDRA CHAHER

VIOLENCIA DE GÉNERO: REALIZAN ALLANAMIENTO EN BÚSQUEDA DE ARMAS

Todo comenzó en la noche del jueves cuando una mujer se acercó hasta la Seccional Tercera para denunciar que un hombre que circulaba en un rodado Volkswagen Gol, se había acercado a su domicilio, y luego de provocar daños en la misma la habría amenazado con un arma de fuego. Por este motivo, el personal luego de tomar la denuncia solicitó a todas las unidades operativas, que localicen y detengan al rodado como así también a sus ocupantes.

Es así que cerca de las 22:00 del jueves, el personal logró dar con el rodado en jurisdicción de la Seccional Cuarta, pero éste al ver a los uniformados siguió su camino hasta llegar a un domicilio en calle Caseros al 600.

Fue en esos momentos que se implantó una consigna policial, por las dudas la persona decidiera salir de la casa con el rodado.

Por este hecho se dio intervención al Juzgado de Instrucción de turno, de donde luego de analizar todos los datos recabados y la denuncia realizada por la víctima, es que en horas de la mañana de ayer libró una orden de allanamiento para la vivienda.

Allanamiento

Cerca de las 10:40 de ayer, tanto el personal de la Seccional Tercera como el de la Cuarta –por jurisdicción- se presentaron en el lugar para llevar adelante la orden de allanamiento.

Junto a los dos testigos necesarios para este procedimiento, es que ingresaron y comenzaron con la búsqueda del arma de fuego que se utilizó para amenazar a la víctima.

Luego de algunas horas, los uniformados requisaron el rodado, pero no lograron encontrar el arma como así tampoco en el interior de la vivienda, por este motivo es que se retiraron del lugar, sin los resultados esperados. Por disposición del magistrado interviniente, el personal de la Seccional Tercera continúa investigando el hecho.

FUENTE: TIEMPO SUR

EL MALESTAR EN LA JUSTICIA

Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.

Según Sigmund Freud, una de las tres fuentes del sufrimiento humano, la más fuerte, es la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones en la familia, el Estado y la sociedad. Agrega que no atinamos a comprender por qué las instituciones que nosotros mismos hemos creado no habrían de representar más bien protección y bienestar para todos (Freud, Sigmund. Obras completas, Tomo III. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1973). En ese sentido y a los fines de estas líneas, si bien es toda la sociedad la que debe preocuparse de regular esas relaciones, es el Estado como mediador, el que tiene a su cargo concretarlo. A su vez, de los tres poderes que integran los Estados en las democracias modernas, sin duda es el Poder Judicial la institución que tiene a su cargo la mayor responsabilidad en que las relaciones entre los miembros de la comunidad se lleven adelante de la mejor manera posible. Es evidente que los legisladores desarrollan una actividad esencial al definir, por mandato de la propia comunidad, las reglas –leyes–, que regulan las conductas de los miembros de aquélla. También es evidente que el Poder Ejecutivo, con el impulso y la promulgación de esas normas, pone en marcha ese mecanismo fantástico de división de roles y que apunta sin duda a aliviar aquel sufrimiento que señalaba Freud en 1930. Sin embargo, ningún alivio es posible sin un Poder Judicial que garantice que las buenas normas brinden a los ciudadanos la protección que todo el sistema le prometió.

Si se reconoce sin ambigüedades que en nuestro país, a lo largo de todo el siglo pasado, la desigualdad social y el mantenimiento de los privilegios de las clases acomodadas han sido garantizados, precisamente por la Justicia, la angustia de esa revelación aparece de inmediato. Baste para ello repasar el rol de ese poder en los distintos golpes de Estado que desde el 6 de septiembre de 1930 hasta 1983 asolaron nuestro país, para comprobar la importancia decisiva de una Justicia cómplice, en el resultado no sólo de cada proceso dictatorial, sino además y fundamentalmente en el establecimiento y mantención de un proyecto económico. Proyecto que ha sido esencia y origen de cada intervención cívico-militar, interruptiva de la democracia, y que tuvo su mayor expresión el 24 de marzo de 1976.

La Justicia que acompañó cada dictadura y en especial la comenzada en la fecha señalada, con honrosas excepciones, es la que miró para otro lado cuando miles de hombres mujeres y niños eran secuestrados, torturados y desaparecidos en el nombre de la civilización occidental y cristiana.

Es la institución, también, que hoy cuenta con jueces y fiscales de gran calidad humana, pero al mismo tiempo con magistrados que con frecuencia toman decisiones contrarias al paradigma actual en materia de derechos humanos y en especial las que tienen que ver con grupos vulnerables. En ese sentido, avalar y aplicar institutos deleznables como el avenimiento de una niña violada de 17 años con su agresor –fallo de General Pico, La Pampa–, sin que ningún juez vaya preso cuando esa joven es asesinada por su esposo, son prueba elocuente de las verdaderas deudas pendientes. Derogar el avenimiento fue sin duda un mérito legislativo, pero el costo de la espera fue demasiado alto. La tolerancia a la violencia institucional ejercida por fuerzas de seguridad sobre sectores igualmente vulnerables que pueblan nuestras cárceles es también muestra de que, en algunas cosas, poco ha cambiado. Mientras haya un solo juez –civil o penal– que tolere la violencia de género, la trata de personas, el trabajo esclavo, que obligue a niñas y niños víctimas de abusos a “revincularse” con sus probables agresores, que mire para otro lado cuando un preso es golpeado o torturado, la Justicia seguirá estando en deuda con la comunidad. Esa Justicia seguirá sin ser parte de la sociedad que la alimenta y que la necesita para mediar y no para mantener privilegios. Los estrados –materiales o virtuales– deben ser desterrados. Ningún juez puede ser más que ningún ciudadano y para eso es imprescindible la participación activa de la comunidad en la designación y control de la labor de cada magistrado. Si se mantiene de manera indirecta, entonces que sea requerida y escuchada –en serio– la voz de quienes en última instancia van a ser los destinatarios de las decisiones de esos funcionarios.

El malestar actual que trasciende en algunos sectores de la Justicia es un malestar bueno, saludable, adelanto de algo que sin duda se está gestando en el interior mismo de la sociedad, en las instituciones y en la cultura. Es el resultado, a mi entender, de los profundos cambios vividos en la última década, especialmente en materia de derechos humanos y que puso sobre la mesa el desafío de continuar esos cambios con una Justicia cada vez mejor en todos los fueros.

El desafío hoy es aplicar, en cada rincón del país, el mismo criterio de justicia que se tiene para las violaciones masivas ocurridas durante el genocidio originado por el proyecto económico que se materializó fundamentalmente en la última dictadura cívico-militar. Es absolutamente imprescindible que las convenciones sobre derechos humanos “bajen” a la vereda de cada calle de tierra o asfaltada de nuestro país, a cada fiscalía, tribunal, comisaría y juzgado de paz de llanuras, montañas o bosques. La misma sensibilidad la tienen que tener los jueces de Tartagal, Ushuaia o Buenos Aires. Si no, no vale; si no, el cambio es incompleto. Hay que continuarlo siempre, sin plazo porque en estos temas la urgencia es cada día. La mejora institucional debe ser algo constante, renovador del espíritu y la letra de cada ley. La tortura va a ser desterrada efectivamente no sólo cuando se la prohíba en la norma, como ya lo está, sino cuando su posibilidad ni siquiera exista en la mente de policías, fiscales, jueces y funcionarios que se eduquen desde niños en una cultura que no la tolere ni en su expresión más germinal.

Por primera vez desde el interior mismo de la Justicia surgen señales de aquellos malestares que, si bien siempre existieron en algunos de sus integrantes, rara vez se tradujeron en manifestaciones públicas de diferenciación concreta y sobre todo de impulso y anuncio de búsqueda de cambios profundos en su funcionamiento.

La única Justicia verdaderamente democrática es la que acompaña los cambios que la comunidad reclama, que la dirigencia política encabeza, y fundamentalmente, la que tiene en cuenta las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Es curioso que el poder tradicionalmente más reaccionario del Estado sea el que tenga en sus manos la mayoría de las herramientas para el bienestar de la sociedad. Es por eso que cuando la justicia no es social, no es justicia.

Es desde adentro y con aportes interdisciplinarios del exterior de la institución que se lograrán los cambios que la comunidad viene reclamando desde hace tantos años como bálsamo irreemplazable para atenuar aquella angustia primaria que refería Freud. Es cierto que la Justicia llega cuando los hechos ya han ocurrido y el dolor es irreversible. Pero no es menos cierto que una mala actuación de los operadores judiciales y policiales aumenta ese dolor. Por el contrario, la “buena” Justicia es reparadora para las víctimas y sus familiares y sumamente preventiva para el resto de la comunidad que, a partir de fallos socialmente justos, toma conciencia de que vivir en comunidad implica limitaciones que se originan en el derecho de cada ciudadano que la integra.

El malestar actual en el interior mismo de la Justicia es el síntoma más importante de que estamos en el camino correcto. Hasta hace pocos meses, la preocupación más grande en ese ámbito era el color de la lista que ganaría las elecciones corporativas. Hoy, la preocupación es cómo dar la mejor respuesta a este debate. Sentirse dolorido y aludido por cada marcha en reclamo de justicia, por cada grito de una víctima que maldice a los jueces que fueron incapaces de comprender su dolor es el camino al bienestar. A ese bienestar que se siente cada día al terminar una jornada de trabajo habiendo hecho lo correcto. Aunque eso correcto no les guste a quienes están acostumbrados a disfrutar de los privilegios de una Justicia diferencial para ellos y una para “los otros”. Si bien la responsabilidad de generar bienestar en la sociedad es de todo el Estado en su conjunto, hoy es a la Justicia que se le reclama la mayor deuda. Los juicios por delitos de lesa humanidad son quizá la prueba más clara de que están dadas todas las condiciones para comenzar a saldarla.

Hoy la democratización de la Justicia no significa discutir solamente cuestiones técnicas como juicio por jurados o pago de algún impuesto, sino además y fundamentalmente, qué clase de jueces, fiscales y defensores queremos. Qué formación les exigimos, que grado de sensibilidad social es requisito para semejante responsabilidad. En fin, de una buena vez, tenemos que definir hasta qué nivel de profundidad estamos dispuestos a discutir con la única y esperable intención de lograr que la Justicia sirva inequívocamente al bien común. En la Argentina actual, a mi entender, no hay excusa para no hacerlo.

Por Carlos Rozanski - Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

FUENTE: PAGINA 12 

MEXICO: SE FIRMÓ EN EL SENADO LA DECLARACIÓN POR LOS DDHH DE LAS MUJERES MIGRANTES

En el marco del Simposio Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos, la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, Organizaciones de la Sociedad Civil y el Poder Judicial de la Federación, proclamaron y asumieron diversos compromisos plasmados en la Declaración por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes. 

El simposio fue posible por la organización y participación de: Sin Fronteras, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social), Salud Integral Para la Mujer (SIPAM), Universidad de la Laguna (Tenerife, España), Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc, UNAM), Centro de Estudios Mexico-Americanos (Austin, Texas), Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC, UNAM), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Fundación FORD, Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República.

Las mujeres migrantes viven procesos individuales que motivan su migración. Su presencia en los flujos migratorios es de gran importancia por el volumen de los movimientos y, fundamentalmente, por los cambios sustanciales en los niveles económico, político, social y cultural, que tienen lugar gracias a su participación. Por ello, la migración femenina no debe ser relegada al papel de esposas y acompañantes de los hombres, ni identificarse sólo con procesos de reunificación familiar.

A continuación se transcribe la Declaración:

Declaración por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes

Considerando que:

Las mujeres migrantes viven procesos individuales que motivan su migración. Su presencia en los flujos migratorios es de gran importancia por el volumen de los movimientos y, fundamentalmente, por los cambios sustanciales en los niveles económico, político, social y cultural, que tienen lugar gracias a su participación. Por ello, la migración femenina no debe ser relegada al papel de esposas y acompañantes de los hombres, ni identificarse sólo con procesos de reunificación familiar.

Son inadmisibles las atroces violaciones a los derechos humanos que viven las mujeres migrantes. Sufren discriminación de género, maltratos verbales y físicos, exclusión, robo, extorsión, asaltos, tortura, tráfico y trata de personas, secuestros, violaciones, violaciones tumultuarias, homicidios, entre otros.

Es imperativo seguir trabajado por transformar el papel social históricamente inferior al que se ha confinado a las mujeres por razones de género y que, en el caso de las mujeres migrantes, se agrava de manera alarmante.

Es imprescindible garantizar que las mujeres migrantes tengan acceso a la justicia. Luchar porque los procesos judiciales no continúen significando una re-victimización.

Es necesario promover la equidad y el acceso a derechos sociales de las mujeres migrantes. Particularmente los derechos a la salud, al trabajo, a la educación, a la cultura, a la identidad. Toda vez que la desigualdad es una de las condiciones estructurales que posibilitan y reproducen la violencia de género.

El reconocimiento público de las situaciones  que de manera cotidiana padecen las mujeres migrantes es el primer paso para avanzar en una atención integral de sus necesidades.

Los firmantes proclaman y asumen los siguientes compromisos por los derechos de las mujeres migrantes:

Desplegar acciones de todo tipo que contribuyan de manera efectiva a asegurar el respeto pleno y el acceso efectivo de las mujeres migrantes a todos sus derechos.

Fortalecer y garantizar la operatividad para la aplicación y evaluación de los  modelos de atención integral en salud (legal, médico y psicológico) para la prevención y atención de la violencia, principalmente sexual, contra las mujeres migrantes.

Pugnar porque se garantice el derecho a una salud integral. Desarrollar mecanismos que faciliten la exigibilidad y cumplimiento de este derecho. De tal manera que las mujeres migrantes puedan acudir a los servicios de salud cuando lo requieran y accedan, de ser el caso, los medicamentos y tecnología necesaria para su atención en condiciones de equidad.

Fortalecer los programas para la prevención y atención del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH). Particularmente fortalecer la capacidad institucional para aplicación de la Norma Oficial Mexicana: Nom-046-Ssa2. Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres relacionada con la prevención y atención de la violación sexual, esencialmente que las unidades de salud de primer nivel y hospitales cuenten con el “Kit de atención” recomendado internacionalmente y descrito como parte de los recursos tecnológicos por la propia Norma.

Promover el derecho a una vida libre de violencia. Facilitar los procesos de denuncia de delitos y violaciones de derechos y que los perpetradores sean juzgados.

Prevenir y sancionar con efectividad el delito de trata.

Desarrollar programas de actualización del personal de los Ministerios públicos y de salud, basados en la promoción de los derechos humanos, y en la garantía de calidad de la atención a las mujeres migrantes.

Promover el respeto de los derechos laborales a las mujeres migrantes.

Pugnar por todos los medios que las instancias respectivas garanticen a las mujeres migrantes el acceso efectivo a la justicia.

Promover la formulación de protocolos de actuación con enfoque de género para reglamentar el trabajo de los impartidores de justicia.

México, D.F. a 14 de febrero de 2013. Senado de la República

FUENTE: AWID

NOVIAZGOS VIOLENTOS, UN DRAMA QUE CRECE

En los últimos doce meses se duplicaron las consultas por golpes y ataques entre parejas de chicos de 14 y 21 años en la ciudad de Buenos Aires; aumentó el número de víctimas de ambos géneros que se acercan a los centros de asistencia.

Jenny relata a la psicóloga de la Oficina de Violencia Doméstica su vida junto al hombre que la golpeaba. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

Hay chicas que regresan de la salida con su primer amor con mariposas en la panza y ganas de hablar horas con sus amigas sobre ese chico con el que ya se animan a sentirse más grandes. Pero hay otras que vuelven con alguna marca en el cuerpo o arrepentidas de haber elegido una minifalda para estar más atractivas o pensar siquiera en subir una nueva foto a su Facebook. Y no son pocas.

Cada vez más adolescentes porteñas y bonaerenses consultan a servicios especializados por "síntomas" de violencia en el noviazgo. ¿Hasta dónde los celos, los comentarios al paso sobre los amigos y la familia, las discusiones subidas de tono o los planteos sobre el uso del celular y las redes sociales son "saludables" en estas primeras relaciones de pareja? Trabajadores sociales, psicólogos y abogados las ayudan a comprender que violencia no es sólo un golpe.

Sólo en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de chicas de entre 14 y 21 años atendidas por noviazgos violentos se duplicó en un año: de 31 en 2011 a 69 el año pasado, según informaron desde el Subprograma Noviazgos Sin Violencia de la Dirección de General de la Mujer de la ciudad de Buenos Aires, una jurisdicción donde el 50% de las esposas maltratadas sufrió los primeros abusos emocionales, psicológicos o físicos durante el noviazgo.

En la provincia de Buenos Aires, las consultas de urgencia a la línea gratuita 102 

coinciden con la tendencia porteña, mientras que el Registro Único de Niñez y Adolescencia provincial ya registra que el 44% de las 100.000 intervenciones anuales de la Secretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense corresponde a casos de violencia y maltrato, tanto infantil como adolescente. El 7,1% de las intervenciones es por conflictos en los vínculos adolescentes, que incluye la violencia en el noviazgo.

Y en los 134 municipios de la provincia hay iniciativas locales, como la de la Dirección de la Mujer de San Isidro, que dictan talleres sobre temas de género en las escuelas y allí detectan casos de noviazgos violentos. Así surgió la necesidad de poner en práctica un programa piloto que, durante el año pasado, generó el interés inmediato de las autoridades de ocho colegios secundarios de localidades como Ituzaingó, Merlo, Morón y Castelar. A cada taller educativo asistieron unos 40 adolescentes, varones y mujeres de entre 12 y 16 años.

"Estamos en una etapa en la que el varón que usa palabras dulces parece que es un «tiernito». Hay mucha menos comunicación verbal que antes y las cosas importantes se dicen por Facebook, donde increíblemente los chats de los chicos tienen un romanticismo muy cuidado cuando se los repasa: el mismo adolescente que parece un duro en las relaciones interpersonales, en el Facebook es «un dulce» con las chicas. No obstante eso, en las redes también funciona la violencia en las relaciones", comentó el licenciado Norberto Lima, trabajador social y coordinador de los talleres bonaerenses.

Todas las fuentes consultadas coincidieron en la alarma que activan estas formas de vincularse, sobre todo entre los 14 y 17 años, cuando aún la mamá, el papá o algún abuelo percibe que una adolescente llega a casa "marcada" o mal. "Es necesario prevenir hoy para evitar la violencia mañana, con hijos de por medio -agregó Lima-. Si no actuamos ahora, en 10 años no sabrán tener una relación de pareja saludable. Y este tipo de vínculos tiene que ver con el modelo aprendido en casa."

Señales

Por su parte, la licenciada Daniela Reich, directora operativa del programa porteño de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual, enumeró algunas señales de alerta que aprenden las adolescentes y sus familiares en los centros integrales de la mujer (CIM) o durante los talleres en los colegios. Ellas son: el novio controla sus movimientos vía celular y chequea sus mails o el Facebook; la culpa de sus excesos; insulta o grita; no valora sus logros y hace todo lo posible para que no empiece o siga los estudios, un trabajo o participe en grupos culturales y artísticos, o si la agrede físicamente. "También aconsejamos prestar atención a si disminuye la autoestima o si aparece una sensación de ansiedad, depresión o alguna vez pensó o intentó suicidarse", agregó.

En la ciudad de Buenos Aires, es común que las chicas pidan orientación a la línea de emergencias 0800-66-68537 cuando empiezan a comparar su noviazgo con el de sus amigas o la relación entre sus padres. "Me sorprende cómo cambia la población con la que trabajamos año tras año -aseguró Reich, que es trabajadora social-. Antes, las mujeres víctimas de violencia doméstica tenían 30 años y, hoy, tienen entre 22 y 25 años. Todas tuvieron noviazgos violentos."

Bullying

Junto con el bullying , es un problema sin barreras sociales, económicas y educativas. En Recoleta, como en un barrio pobre del conurbano, hay casos más o menos graves. "Los primeros años de vida son sensibles a la formación de la personalidad y el modelo familiar que se tendrá. Si en esa etapa se aprende que la relación familiar es con violencia, el vínculo con el otro sexo será violento", dijo el doctor Pablo Navarro, secretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. "Vemos cómo chicos y chicas se asombran al reconocer cuestiones cotidianas que, en realidad, están asociadas con una relación de pareja violenta. Y esto tiene que ver con los modelos familiares, que ellos y ellas repiten como algo normal", concluyó.

FUENTE. LA NACIÓN - Por Fabiola Czubaj

Del editor: por qué es importante.

Quizá algún lector sienta, tras leer esta nota, que puede empezar a ayudar o a ayudarse para cambiar una historia que siempre termina mal.

UNA SENTENCIA ANULADA POR DISCRIMINATORIA

La Cámara de Casación le bajó la pena a un hombre condenado por abusar de dos chicas menores de edad porque las víctimas eran pobres. El máximo tribunal de la provincia consideró que fue un fallo “arbitrario” y que estaba fundado en “prejuicios discriminatorios”.

La Suprema Corte bonaerense anuló por arbitrario y por fundarse en prejuicios discriminatorios un fallo del Tribunal de Casación que liberó a un pastor de un culto no reconocido que había abusado sexualmente de dos niñas de 14 y 16 años de familias pobres, y las dejó embarazadas, con el argumento de que el delito de corrupción de menores no se configuraba en ese caso al tratarse de “mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que “además poseían experiencia sexual”. El pastor se erigía en un “elegido” de Dios y les hacía creer a sus víctimas que caería sobre ellas la ira del Señor si no le proporcionaban sus cuerpos para procrear, ante la supuesta inminencia del fin del mundo.

El alto tribunal provincial hizo lugar así al recurso extraordinario “de inaplicabilidad de la ley” presentado por el fiscal adjunto ante Casación, Jorge Armando Roldán, y le remitió nuevamente el expediente al Tribunal para que otros jueces dicten una nueva sentencia ajustada a derecho. Los jueces que dictaron la sentencia, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, de la Sala I de Casación, deben entonces apartarse. Por ese fallo –del cual informó oportunamente este diario–, ambos magistrados enfrentan un pedido de juicio político “por mal desempeño de sus funciones”, que se encuentra en pleno trámite.

La cuestionada sentencia del Tribunal de Casación favoreció al pastor Francisco Avalos, de alrededor de 60 años. Piombo y Llargués le anularon una condena por corrupción de menores en perjuicio de las dos adolescentes y le redujeron la pena a 9 años y seis meses, casi la mitad de la que le había impuesto en primera instancia el Tribunal Criminal Nº 4 de Morón en 2004. El fallo de Piombo y Sal Llargués fue firmado el 15 de marzo de 2011.

Avalos había sido condenado a 18 años de prisión por “cuádruple abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado un ministro de culto, en concurso ideal con dos hechos de promoción de la corrupción a menor de edad calificados por intimidación, todos en concurso real entre sí”. Los delitos fueron cometidos entre los meses de abril y agosto de 2000 contra las dos chicas, de familias humildes, que tenían 14 y 16 años en el momento de los hechos. Luego de mantener relaciones sexuales en varias oportunidades con Avalos, las niñas tuvieron cada una un hijo del pastor. En ese mismo contexto también abusó y embarazó a mujeres adultas, casos por los que fue condenado posteriormente en otra causa judicial.

Ahora, la Corte bonaerense anuló la sentencia de Casación por voto unánime. La resolución del máximo tribunal provincial tiene fecha del 12 de diciembre pero las partes recién fueron notificadas ayer. El primer voto corresponde a la jueza Hilda Kogan, quien consideró que la Sala I “incurrió en arbitrariedad para modificar la calificación legal de dos de los hechos acusados, incurriendo en errores graves y manifiestos de fundamentación, que lo descalifican como acto jurisdiccional válido”. A lo largo de su voto, cuestionó extensamente las apreciaciones de la Sala I de Casación (el voto es de Piombo, al que adhiere Sal Llargués). Uno de los puntos centrales de las críticas es la anulación de la acusación por corrupción de menores con el argumento de que se trató de relaciones “con mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas; que, además, poseían experiencia sexual, incluso en yacer con otros hombres”. Piombo llegó a afirmar: “No lo veo como algo moralmente edificante, pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual o que constituya, como se ha dicho, ‘la pompa de la deshonestidad’, marcando –claro está– al concepto de honestidad con el variable contenido actual”. Las víctimas tenían 14 y 16 años. Nunca se probó, por otra parte en el juicio, que tuvieran experiencia sexual, aunque ése no era el punto en debate, obviamente.

La jueza Kogan señaló que el argumento de Casación “no sólo es una afirmación dogmática desprovista de todo anclaje argumental en los hechos reconstruidos en autos, sino que, además, y sin entrar a juzgar esta particular visión del sentenciante, lo real es que tal aseveración poco tiene que ver con la conducta que el tribunal de debate reprochó a Avalos”. En el juicio oral –no fue público por haber víctimas menores de edad– se probó, recordó Kogan, que las dos niñas “fueron sometidas de una forma regular, periódicamente, sin amor ni deseo, con el solo fin de servirse el autor de sus cuerpos como un mero objeto para reproducirse. Incluso no les era ajeno y sabían que de la misma forma el catequista se servía a la vez de otras mujeres con los declarados fines de fecundación, lo que implica una suerte de inaceptable masificación sexual. Esta cosificación y masificación de algo tan privado e íntimo como la sexualidad es por ende extraña a la naturaleza humana y encontrándose no sólo ésta en potencia sino en acto, terminó dañando o corrompiendo en suma el psiquismo de las dos muchachas al punto de que se marcaron sus secuelas psíquicas, en los informes periciales respectivos (fs. 123/4, 309 y 334/336), con lo que ambas damnificadas requerirán largas terapias, si es que algún día son capaces de demandarlas, lo que por las carencias del medio, dudo”.

Al voto de Kogan adhirió Juan Carlos Hitters, quien por otra parte evaluó “pertinente añadir que cualquier consideración de datos de la realidad, tales como los que refieren a los tiempos de iniciación sexual en determinados ámbitos sociales y culturales, debe efectuarse en estricto correlato con las circunstancias probadas de la causa y en la medida en que resulten relevantes para dirimir el caso”. “De lo contrario –agregó–, las referencias generales y dogmáticas pueden constituir –como en este supuesto, ya que fue central entre los argumentos del fallo que aquí se deja sin efecto– meros prejuicios que podrán tildarse de discriminatorios en función, especialmente, del contexto social de los hechos.” A su voto, adhirieron los jueces Héctor Negri y Eduardo Pettigiani.

De nacionalidad paraguaya, Avalos había creado la Iglesia Evangélica Jesús es el Camino, que tenía su sede en el barrio Parque San Martín, de Merlo, donde se habría instalado a fines de la década del ’80. Al reducirle la pena, Casación le otorgó la excarcelación. En abril de 2011, sin embargo, sumó otra condena. En ese caso a 15 años de prisión. El Tribunal Oral en lo Criminal de Morón Nº 3 lo condenó “por violación agravada por la calidad de sacerdote en tres hechos, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal mediante intimidación de una relación de autoridad, agravada por ser ministro de un culto, en 13 hechos, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por mediar intimidación”. Las víctimas, en ese caso, fueron dos mujeres adultas –casadas– y una chica de 16 años. Con cada una de las tres también tuvo el pastor un hijo.

Avalos se aprovechó de la “situación de vulnerabilidad” de sus víctimas, según quedó demostrado en los dos juicios orales, e introdujo entre sus fieles la idea de un inminente fin del mundo y que sólo se salvarían aquellas que tenían un hijo con él, por ser “elegidas de Dios”. Les decía que se encarnarían en figuras bíblicas. Y las citaba para mantener relaciones sexuales con él, dándoles turnos y haciéndoles creer que engendrar un hijo suyo era una “obra para el mundo”, y que ésa era su “misión en la tierra”. Las investigaciones judiciales se iniciaron a partir de la denuncia del padre de una de las niñas, que al regresar de un viaje descubrió que su hija estaba embarazada.

FUENTE: PÁGINA 12 - POR MARIANA CARBAJAL