EL OTRO FEMINICIDIO TUCUMANO

Hay expectativas de que se nacionalice el reclamo, por la intervención de justicia y Derechos Humanos.

Tucumán no tiene paz. Y está bien que así sea. Después del vergonzoso fallo que dejó libres a las 13 personas imputadas en la desaparición y secuestro de Marita Verón, en diciembre del 2012, y cuando los medios de la provincia siguen aún atentamente cómo se resolverá el pedido de juicio político a los tres jueces intervinientes y la apelación de la sentencia, suena cada vez más fuerte el clamor por el esclarecimiento de otro feminicidio hasta ahora impune: la desaparición y posterior asesinato de Paulina Lebbos, en febrero del 2006.

EL CASO

Hace siete años, Paulina Lebbos –estudiante de comunicación social, mamá de una nena de cinco años y empleada pública de la provincia- salió de un boliche a la madrugada, rumbo a la casa de su novio, y no se la volvió a ver. El 11 de marzo apareció estrangulada al costado de un camino. 

Después de siete años, hubo sólo dos personas acusadas –todas de responsabilidad bajísima en el desarrollo del crimen- y la familia querellante no pudo acceder nunca a la causa porque la justicia provincial se lo negó. ¿Razones? Se trataría de un expediente "reservado".¿Por qué? Las especulaciones en la provincia indican que porque se está encubriendo a "hijos del poder" y que se estaría frente a "otro caso María Soledad". El novio de Paulina, César Soto, podría haber sido el entregador para una "fiesta" sexual que terminó en feminicidio en una finca cercana a la capital. 

En abril del 2006, con el cadáver todavía caliente y en un año en el que se definía su continuidad al frente del Poder Ejecutivo provincial, el gobernador José Alperovich dijo que él sabía quién había asesinado a Paulina y que pronto revelaría el nombre. Casi siete años después, ninguno de los funcionarios involucrados en el caso fue separado definitivamente del cargo. Sólo el entonces ministro de Seguridad fue separado para ser nombrado poco después asesor del gobernador. Los demás continúan ejerciendo las mismas funciones o incluso fueron ascendidos.

Además del gritado a voces encubrimiento de las autoridades, el caso tuvo un episodio de evidente connivencia inadecuada entre los poderes del Estado cuando el primer fiscal interviniente, Alejandro Noguera, acudió durante la noche –cinco días después de aparecido al cadáver- a la residencia del gobernador y al salir, puesto al descubierto por los medios de comunicación, declaró que había ido a pedirle ayuda. La Corte Suprema provincial decidió inmediatamente su alejamiento del cargo, pero en su lugar fue nombrado otro fiscal con fama de archivar los expedientes. Y así pasaron los siguientes siete años, con una causa en la que no se hizo prácticamente investigación. 

EL RECLAMO DE LOS FAMILIARES  Y LA MANIPULACIÓN DE PRUEBAS.

La familia de Paulina, liderada por su papá Alberto, que se puso al frente del reclamo, solicitó casi 200 pruebas en el expediente. Ninguna fue realizada. Cuando apareció el cuerpo, descubierto por dos baqueanos y no por el rastrillaje policial, pasaron cuatro horas antes de que la policía provincial avisara al fiscal. Se descuenta que en esas horas se manipularon las pruebas. De hecho,

•  40 días después de hallado el cadáver, y por pedido de Lebbos, fueron allanadas dependencias de la policía en las que se encontraron fotografías del cuerpo en una posición diferente a las difundidas oficialmente, es decir que probaban que la escena del crimen había sido intervenida. 
• Tampoco fueron cruzadas las llamadas telefónicas entre el funcionariado y la policía provincial durante esas cuatro horas, que son las que la querella presume que fueron definitivas para armar la trama de simulaciones en torno al feminicidio.

 LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Hace pocas semanas, el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad –dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, designó a Bernardo Lobo Bugeaucomo su representante para interiorizarse del caso. El abogado tucumano había sido secretario de Derechos Humanos en la provincia cuando Paulina desapareció y fue el único que renunció al cargo en apoyo a las denuncias de Lebbos –quien a su vez también renunció a su propio cargo como subsecretario provincial de Juventud-. La Secretaría de Derechos Humanos fue una de las tantas oficinas del estado nacional a las que Lebbos tocó las puertas en los últimos años cuando comprendió que la justicia tucumana no develaría la trama del crimen. Sin embargo, no había obtenido respuesta hasta ahora. La sensibilización social por el fallo sobre Marita Verón, y quizá internas políticas aún no explicitadas, son la razón para que hoy el organismo nacional intervenga. Lebbos a su vez le pidió una audiencia a la presidenta confiando en que pueda destrabar la trama de impunidad provincial; y familiares y amistades de Paulina y su familia volantearon este verano varias zonas turísticas del país con el reclamo por el esclarecimiento del caso.

En Tucumán hay expectativas por la posible nacionalización del reclamo, particularmente a partir de la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Por la razón que sea, es hora de que se haga justicia sobre otro de los feminicidios emblemáticos tanto del machismo social como de la impunidad y corrupción de algunos poderes del Estado en relación a éste y otros temas. Sobre todo en una provincia en la que es aún muy potente la historia reciente de represión y oscurantismo. 

FUENTE: TIEMPO ARGENTINO - POR SANDRA CHAHER