A más de tres años de su cierre, la Cámara Nacional de Casación no hizo lugar al recurso interpuesto por el fiscal de Comodoro Rivadavia y dejó firme el fallo que habilita una posible reapertura de las Casas de Tolerancia. Pero la decisión final de abrirlas o no quedará en manos del Municipio.
Ayer, el estudio jurídico que llevó adelante la causa judicial para lograr la reapertura de las denominadas Casas de Tolerancia informó que la Cámara Nacional de Casación no hizo lugar a un recurso interpuesto por el fiscal de Comodoro Rivadavia, De Lucca, y confirmó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Chubut, revirtiendo la decisión de la juez federal Ana Cecilia Álvarez que había clausurado estos lugares, que funcionaban como prostíbulos, el 5 de junio de 2009 en un mega operativo.
Según indicó a La Opinión Austral la Dra. Jovita Vivar, la juez ya fue notificada el 23 de octubre de la decisión de la Cámara de Casación, por lo que debe remitir un oficio al Municipio comunicando esta situación.
La causa
El 5 de junio de 2009 se llevó a cabo un gran operativo federal, con participación de Gendarmería y Prefectura Naval, ordenado por el Juzgado Federal de Río Gallegos, en el cual se desplegaron más de 200 efectivos y detuvo a un centenar de mujeres, en horas de la madrugada.
Esto se realizó en las Casas de Tolerancia, que sumaban una treintena, aunque sólo ocho estaban habilitadas por la Comuna como “Cabaret Clase C”. Todas estaban distribuidas en el radio de dos manzanas, ubicadas detrás de la Terminal de Omnibus, en tierras pertenecientes a la Comuna y dadas, en su momento, en “comodato” a los dueños de “Las Casitas”.
La orden judicial impartida por la juez Ana Alvarez estuvo fundamentada en una causa caratulada “Averiguación de presuntos delitos de acción pública” y se relacionó con denuncias públicas realizadas por la Fundación Alameda, que en el programa “Documentos Américas” de Facundo Pastor había realizado una denuncia sobre el tráfico de personas y explotación ilegal de mujeres en los locales nocturnos de esta ciudad, los cuales – de acuerdo a las denuncias de ese momento – no estaban habilitados para funcionar ni declarados como prostíbulos, sino como cabarets.
La decisión de la juez de cerrar los prostíbulos fue apelada por la representante legal de los dueños de los locales ante la Justicia, y logró un fallo a favor por parte de la Cámara de Apelaciones, del 14 de junio de 2011.
Pese a que en Argentina los prostíbulos, el proxenetismo y la explotación sexual por cuenta ajena están prohibidos por ley nacional y dos convenios internacionales ratificados por el Congreso, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia aseguró que “no se comprobó delito de trata ni prostitución”, por lo que habilitaron que el Municipio los reabra, ordenándole controlarlos a fin de que no se cometa allí un “comercio ilícito”.
Esto fue apelado, nuevamente, por el fiscal de Comodoro Rivadavia y finalmente el pasado 5 de septiembre, la sala IV de la Cámara Nacional de Casación falló no haciéndole lugar al recurso de queja interpuesto por el funcionario, considerando que “no estaba dentro de la causales previstas en el artículo 457 del Código Procesal Penal”.
Esto fue notificado a los abogados y al Juzgado de Río Gallegos recién el pasado 23 de octubre.
Reapertura
Si bien la Justicia “habilita” que esos lugares puedan funcionar como “cabaret” hace férreo hincapié en que se debe controlar que no se cometa “comercio ilícito”, un subterfugio para referirse a las actividades de prostitución que allí se desarrollaban de manera abierta y vox populi.
Esto promete un fuerte debate, toda vez que tanto en la Cámara de Diputados, impulsado por el legislador Oscar Sandoval y la Subsecretaría de la Mujer de la provincia, se avanza en prohibir los cabarets en toda la provincia.
De hecho, si bien durante la campaña electoral la postura del actual intendente era de reabrir esos locales, al igual que muchos otros candidatos a jefes comunales, desde entonces a hoy mucho ha pasado.
No sólo se habría confirmado a partir de la sentencia en Chaco al dueño de una de las Casas de Tolerancia, sino también por testimonios de mujeres en el caso Marita Verón de Tucumán, el ejercicio de la prostitución e incluso desde la más de 70 mujeres rescatadas víctimas de trata, en nuestra provincia, varias de las cuales, las primeras sobre todo, fueron sacadas de allí, pese a que no hay ningún procesado ni condenado dentro de la jurisdicción provincial por este flagelo.
Merced al trabajo realizado desde la Subsecretaría de la Mujer, ya se han logrado ordenanzas en ese sentido en varias localidades del interior provincial.
Cabe recordar que en junio del año pasado, cuando se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones, las repercusiones fueron importantes.
Uno de los primeros en alzar la voz fue el entonces obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, quien calificó el fallo que permite la reapertura de “Las Casitas” como “un retroceso” en la lucha contra la trata de personas, y estimó que “en el fondo termina legalizándola”.
Asimismo, denunció que detrás de esta sentencia “se esconden intereses económicos muy fuertes de redes mafiosas ultra organizadas, esas que hace dos años sufrieron un duro revés con las clausuras”. “La decisión judicial no hace más que apañar a grupos mafiosos que secuestran niñas y jóvenes para extorsionarlas, denigrarlas y prostituirlas”, subrayó el prelado en declaraciones a DyN.
FUENTE: LA OPINIÓN AUSTRAL
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