Estefanía Jazmín Ramos Munguía, originaria de Santa Rita Lloro, Honduras, lleva año y medio encarcelada en penales del estado de Chiapas, acusada del delito de trata de personas.
La joven, como muchas de sus conocidas, abandonó su país en busca de mejores condiciones de vida, para poder ayudar a su madre y darle una mejor vida a su hijo de tres años.
Una de las opciones que tienen las jóvenes centroamericanas es migrar hacia los países del norte de América, ya sea México, Estados Unidos y Canadá, señaló Martha Figueroa, directora del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas.
La experta explicó que es por ello que las jóvenes ven como una alternativa “engancharse” con mujeres de su propio país que les prometen sueldos y trabajos “buenos” en otras latitudes, incluso les llegan a dar un adelanto de paga.
El 70 por ciento de las víctimas de trata fueron reclutadas en su país de origen, donde les ofrecieron un empleo con buenos ingresos en el extranjero.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) detectó que son 35 municipios en 16 estados, la mayoría en las zonas fronterizas México-Guatemala y México-Estados Unidos, a donde las víctimas son llevadas para ser explotadas laboral o sexualmente. La mayoría de las mujeres tienen entre 8 y 22 años de edad.
Chiapas ocupa el primer lugar con 13 municipios donde se han documentado casos de trata y que están relacionados directamente con la migración interna y de mujeres centroamericanas.
“ENGANCHADA”
Estefanía tuvo su primer hijo a los 13 años en su ciudad natal, Santa Rita Lloro, Honduras. A principios de enero de 2011, cuando tenía 17 años, fue enganchada junto con su amiga por una tratante hondureña que le dijo que trabajaría en un restaurante en México, con un sueldo superior a los 5 mil pesos mensuales.
Sin embargo, al llegar a México fueron trasladadas a un bar denominado “Titanic”, en la comunidad Chamic, municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas.
Ahí, Estefanía y su amiga fueron forzadas a prostituirse junto con otras ocho mujeres de origen guatemalteco.
Con el fin de mejorar su situación, Estefanía trató de ser más servicial con el propietario del bar, Ricardo Pinto López, y su pareja, una hondureña llamada Karen Julisa Vallecillo Castro, quien “enganchaba” a las jóvenes en sus lugares de origen con la falsa promesa de darles un trabajo bien pagado en México.
Posteriormente, Estefanía fue asignada a realizar los mandados de la pareja y dar de comer a las jóvenes, que además de ser obligadas a prostituirse, debían ingerir bebidas alcohólicas con hombres.
Las mujeres debían consumir entre 15 y 25 cervezas, y por cada acto sexual los dueños del lugar recibían entre 300 y 500 pesos. Una vez liberadas, las jóvenes manifestaron que en ocasiones no recibían paga alguna.
DE VÍCTIMA A CULPABLE
En mayo de 2011 el bar “Titanic” fue inspeccionado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La pareja de tratantes fue detenida y fueron liberadas las 10 centroamericanas víctimas de trata, incluyendo a Estefanía.
Al acudir a declarar contra la pareja, la joven hondureña fue arraigada durante un mes en una estación migratoria. Ahí cumplió 18 años de edad y le notificaron que Ricardo Pinto y Karen Vallecillo la habían involucrado como cómplice de la red de trata.
“Es ahí cuando pasé de víctima y testigo a culpable. Me torturaron, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, me cortaron el cabello, me querían obligar a firmar un papel donde yo reconocía ser tratante, me amenazaron de muerte”, contó Estefanía.
Su amiga fue amenazada por familiares de Pinto y declaró contra Estefanía. Días después la amiga fue deportada.
“Ha habido oscuridad procesal en su caso, desde el principio hasta la sentencia que recibe y la apelación. No le convocaron a declarar, ni tuvo la oportunidad de defenderse, ni de aportar pruebas en su defensa”, explicó a Cimacnoticias el abogado David Vásquez Hernández, quien lleva el caso de la hondureña.
ENCARCELADA INJUSTAMENTE
Para exigir información sobre su situación jurídica, Estefanía se puso en huelga de hambre en el penal de Tapachula. Pero en lugar de lograr su objetivo, fue trasladada al penal 5 de San Cristóbal de las Casas.
En ese penal, Estefanía recibió la visita de un abogado y del hijo de Pinto, para exigirle que se autoinculpara y que desistiera de testificar en contra de la pareja de presuntos tratantes de personas.
Le dijeron que de hacerlo recibiría un dinero, y que de resistirse matarían a su hijo de cuatro años, quien vive con su abuela en Honduras.
“Estamos ante una situación grave; Estefanía y su hijo peligran; ella desconoce absolutamente su estado jurídico, no sabe ni siquiera su número de expediente. A mí como abogado me han negado datos. Ella desconfía de todos los que se acercan porque teme que sean emisarios de Ricardo”, narró el abogado.
David Vásquez teme que su defendida ya esté sentenciada, sin embargo, es difícil saberlo pues no tiene acceso al expediente.
Tras unos meses en el penal de San Cristóbal, Estefanía fue trasladada al reclusorio de Tapachula. Ella lamenta el día en que creyó que en México podría ganar un buen salario de forma digna, para enviarle dinero a su madre e hijo que están en Honduras.
Fuente: CIMAC -Por Patricia Chandomí
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