Por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó ayer la ley que impone mayores penas a quienes cometan el delito de explotación laboral de menores. La Cámara alta sesionó para tratar ese proyecto, que ya tenía media sanción de Diputados, por lo que quedó convertido en norma.
La norma sobre explotación laboral de menores, votada afirmativamente por los 63 senadores nacionales presentes en la sesión, fijó una pena de uno a cuatro años de prisión para aquellos que cometan ese delito.
En el articulado, se puntualiza que la pena recaerá en quien “promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.
Asimismo, se dejó aclarado que no serán punibles los responsables de “tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación”. También quedan exceptuados “el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta”.
El senador oficialista y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, dijo que “lo importante es tener una ley posible” que permita “que haya una persecución penal” a los que cometan el delito.
La senadora del peronismo disidente Liliana Negre de Alonso pidió que en el texto se dejara en claro quién es “el verdadero responsable intelectual de la violación de los derechos de los niños”.
En tanto, el radical Luis Naidenoff se pronunció contra el artículo que exceptuó a los padres.“Yo entiendo lo de la situación económica de las familias. Pero si queremos combatir, hay que ir al hueso, significa que los padres asuman la responsabilidad y que no sometan a sus hijos a la explotación”, opinó.
FUENTE: ELPAÍS
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