El resultado del primer juicio por trata de personas en la provincia de Santa Cruz -y el nº 73 en país desde que está en vigencia la Ley de Trata del año 2008- fue una condena de 10 y 11 años para las principales personas implicadas: una mujer y un varón. El juicio es parte de un proceso de toma de conciencia sobre la trata en la provincia que incluye el rescate hasta la fecha de casi 80 mujeres víctima de explotación y el desmantelamiento del barrio Las Casitas, en Río Gallegos.
COMUNICAR IGUALDAD- Celio Barrionuevo y Mercedes Valerio fueron condenados la pasada semana por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz a 10 y 11 años de prisión, respectivamente, por eldelito de trata de personas en forma organizada y agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En el caso de Valerio la pena fue más alta porque es la madre de una niña rescatada. En la causa había también otras dos personas imputadas: Ramón Fortuño Garúz, quien fue absuelto; y Ruth Arenas, que está prófuga.
Según la investigación, el delito de trata comenzó a consumarse cuando Mercedes Valerio –empleada de Barrionuevo- le ofreció a su sobrina, que vivía en Misiones, que trabajara con ellos de moza en Caleta Olivia por cinco mil pesos mensuales. Velázquez, que solo ganaba ochocientos por cuidar personas ancianas, aceptó el trabajo, dejó a sus dos hijos al cuidado de su madre y se fue al sur en enero del 2010. Viajó en una traffic provista por Barrionuevo junto a otra mujer y sus hijos. La segunda mujer sabía que en el destino tendrían que someterse a situaciones de prostitución, pero la sobrina de Valerio no y se negó; las dos inmediatamente “adquirieron deudas” con Barrionuevo por el viaje, la comida y el hospedaje que no podían ser saldadas con lo que les pagaban por explotarlas ya que les retenían gran parte del dinero. La explotación se producía en un prostíbulo de Barrionuevo en Caleta Olivia, habilitado como whiskería, en el que Fortuño Garúz era un empleado que alertaba cuando llegaba la policía y entonces las mujeres eran escondidas en el fondo del local.
El 25 de febrero, Gendarmería Nacional –alertada por denuncias iniciadas por familiares de ambas mujeres- realizó un operativo en el prostíbulo y encontró, en un departamento del fondo encerradas bajo llave a tres mujeres y a una niña menor de edad. Una de ellas era la sobrina de Valerio, y la nena era hija de la proxeneta. La otra mujer que viajó desde Misiones no pudo ser rescatada en ese allanamiento porque –ante la inminencia del mismo- había sido trasladada a Río Cuarto, Córdoba.
La hija de Valerio había ido a vivir poco antes con la madre quien- tras 3 años de no verla- la fue a buscar a la casa de los abuelos. La nena, que en el momento del allanamiento tenía 17 años, no quiso admitir que el lugar era un prostíbulo ni acusar a la madre, pero en declaraciones siguientes aportó datos sobre una red de prostíbulos vinculados que operarían en Caleta Olivia, Río Cuarto y San José (Misiones).
La fiscal había solicitado 15 años de condena para Barrionuevo y Valerio y 2 años para Fortuño Garúz. Si bien aún no se conocen las fundamentaciones de la sentencia dictada por el Tribunal a cargo de Jorge Chávez, Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi, se estima que la reducción de las penas tendría que ver con que el proceso de investigación, a cargo de un Tribunal de Misiones, habría tenido muchas falencias.
Se trata del juicio Nº 73 que se realiza por el delito de trata de personas desde que existe la Ley 26364 de trata de personas, y el primero en la provincia de Santa Cruz.
El impacto en la provincia
“Santa Cruz es una provincia de destino y no es casualidad que los juicios que continúen a partir de estos primeros tengan vínculo con la región.Recordemos que el primer juicio en el país que se realizó en Chaco, se trató de una víctima rescatada en Las Casitas, en Río Gallegos, concretamente en el prostíbulo El Deseo; y luego, en el juicio por Marita Verón, una de las testigos declaró también haber estado en un prostíbulo de Río Gallegos“–afirma la periodista santacruceña especializada en temas de género Romina Behrens-. Yo no sé si se puede hablar de impacto en la sociedad, con sinceridad, no sé cuánta gente se enteró de esto o si se dimensiona su importancia, lamentablemente en los medios no circuló demasiado la noticia ni se dio lugar a su análisis porque Bergoglio acaparó todas las coberturas, pero sí puedo advertir que el juicio se enmarca en un recorrido en el que se viene trabajando y sensibilizando en la temática desde diversos lugares y me parece que es importante verlo como resultado de ese proceso y como precedente de lo que vendrá, y que el terreno para los proxenetas ya no les es tan llano. Creo que estábamos esperando que llegue este momento y que las áreas y organizaciones que trabajan con la temática esperan más juicios y más condenados.”
“Es muy valioso haber conseguido esta condena. Es necesaria la decisión política de condenar porque las redes de trata en Santa Cruz son un hecho –señala a su vez Lucrecia Vivanco, referente regional de la organización Mumalá-. Sólo cuestiono en el alegato de la fiscal el énfasis moral puesto en que una de las acusadas fuera madre de una de las víctimas, como que por ser madre era antinatural que la hubiera explotado.” “No me sorprende que una mujer sea parte de una organización de trata de personas-agrega Behrens-. Pasa que esta mujer condenada a 11 años parecería que también venía con una historia de explotación, como la gran mayoría que asumen otras responsabilidades para dejar de ser prostituidas; pero es cierto, una no deja de preguntarse por qué explotó a la propia hija. Es complejo, no tengo una respuesta. Pero creo que si hiciera un sondeo sobre esta pregunta seguramente saldrían varios prejuicios que la condenarían más que a un varón.”
Las Casitas
Si bien la situación de trata de este juicio transcurrió en Caleta Olivia, la provincia de Santa Cruz está asociada, en relación con la trata y la prostitución, el
histórico barrio Las Casitas, de Río Gallegos, donde en un perímetro de tierras fiscales de dos manzanas funcionaron hasta el 2009 varios prostíbulos que se presentaban como whiskerías y cabarets. Esto en el marco de una provincia a la que históricamente los varones viajaron solos por situaciones laborales y en la que los prostíbulos fueron visualizados como espacios sociales de “desahogo”.
En junio del 2009, un fallo de la jueza Ana Alvarez, cerró varios de ellos en el marco de una denuncia sobre trata de personas presentada por la organización La Alameda. Un año después, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó su reapertura afirmando que no se había comprobado en el lugar el delito de trata y prostitución; el fallo recibió la queja del fiscal de la misma ciudad y, finalmente, en septiembre del 2012, la sala IV de la Cámara Nacional de Casación falló no haciendo lugar al planteo del funcionario. La reapertura sin embargo no fue inmediata, ya que debe aprobarla el Municipio y el debate social actual es muy diferente al de hace unos años.
“Después del cierre de Las Casitas y de la seguidilla de rescates de víctimas que hubo entre fines de 2008 y el 2010, la gente empezó a cambiar de opinión respecto de la prostitución –agrega Behrens-. Todavía encontrás sectores que la defienden, que la entienden como un mal necesario para evitar violaciones sexuales y para controlar las enfermedades venéreas. Pero también es cierto que podés encontrar miradas más críticas que se acercan al marco de derechos humanos con el que se pensó la Ley de Trata. Lamentablemente no deja de aparecer desde diversos ámbitos cierta reivindicación de la historia de los prostíbulos en la ciudad y de cómo se crearon Las Casitas, de cómo fueron las poblaciones en un comienzo e incluso justifican la creación de ordenanzas sobre los prostíbulos. Todavía falta trabajar bastante en los imaginarios sociales la reflexión sobre la prostitución, con el eje puesto en qué les sucede a las mujeres cuando hay estas situaciones.”
Notas relacionas:el mapa de la trata en la Argentina.
FUENTE: COMUNICAR IGUALDAD - POR SANDRA CHAHER
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