A fines del año pasado se hizo público en Argentina el reclamo por la democratización del Poder Judicial. Sin embargo, las organizaciones de mujeres y de género –y particularmente las que lidian con el sistema de justicia a diario- vienen denunciando hace años que éste no es accesible a la mayoría de la población y que es particularmente ciego hacia estos sectores. Diana Maffía (Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura), Natalia Gherardi (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), Daniel Perez Guillén (Asociación Empleados Bonaerenses) y Emelina Alonso (Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro) hacen en este artículo propuestas para una reforma del Poder Judicial que incluya la perspectiva de género. Que después no digan que faltan ideas.
COMUNICAR IGUALDAD- El vergonzoso fallo por la desaparición y secuestro de Marita Verón, el 11 de diciembre del 2012, despertó el enojo de la presidenta Cristina Fernández que allí mismo anunció que pondría en marcha una democratización del Poder Judicial presentada en marzo de este año en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento. El mismo 11 de diciembre salía publicada una solicitada por “una justicia legítima”, firmada por parte del funcionariado judicial y directivas/os de universidades que –respondiendo y oponiéndose a un comunicado previo de la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, y teniendo como telón de fondo el debate en la justicia por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-, entre otras cuestiones, señalaban la necesidad de “reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía”. Algunas de las personas que firmaron la solicitada fueron la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; el juez de casación Alejandro Slokar; y el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone.
A partir de este documento, el movimiento de Justicia Legítima, como se autodenominó, realizó varios encuentros a lo largo del verano en los que se
fueron delineando los objetivos que buscan en la transformación del Poder Judicial. En un marco de compromiso con el paradigma de los derechos humanos y la democracia, proponen debatir la formación de las y los agentes judiciales; la forma en que se realizan los procesos de selección al sistema judicial; la postulación y elección de integrantes de los consejos de las magistraturas; la gestión de los recursos; garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía; y la intervención de la sociedad civil en este rediseño, entre otros aspectos. La propuesta presentada por la presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento el 1 de marzo fue en una línea similar.
Discriminación de género
Esta democratización del Poder Judicial hoy pedida desde varios sectores se une al reclamo que desde hace años plantean las organizaciones de mujeres y de género en relación a la forma en que estos colectivos son tratados por el sistema judicial. La discriminación abunda: estereotipos sexistas, dificultades en el acceso a la justicia, falta de patrocinio gratuito, dificultad en la valoración de las pruebas, techos de cristal invisibles para que las mujeres lleguen a altos cargos, son sólo algunos de los problemas que las organizaciones denuncian desde hace años. Todas las discriminaciones que el sistema judicial tiene hacia la población en general, particularmente para los sectores más empobrecidos, se profundizan cuando quienes pretenden acceder a los derechos son las mujeres o los sectores con identidades sexuales diversas, por su particular discriminación de género. En respuesta a esta situación, fue creada en el año 2009 la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –dirigida por la jueza Carmen Argibay-, destinada a eliminar la discriminación de género en el Poder Judicial a través de varias estrategias, fundamentalmente de capacitaciones.
Y desde comienzos de marzo, cuando se instaló en la agenda política que el 2013 sería un año para debatir en Argentina la reforma del Poder Judicial, comenzaron a escucharse las voces de quienes, desde diferentes sectores, hace años vienen batallando el tema. Durante el acto del Día Internacional de la Mujer del el Ministerio Público de la Defensa, la filósofa Diana Maffía –directora del recientemente creado Observatorio de Género dependiente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires- observó:“Nosotras, las feministas, tenemos algo para decir en este proceso de democratización del Poder Judicial. Tenemos propuestas vinculadas a la inclusión de la perspectiva de género en el debate. En principio yo marcaría tres cuestiones a tener en cuenta: la necesidad de que haya ingresos equitativos dentro de la justicia, a poder hacer la carrera judicial sin que haya sesgos de género; que haya un mejor y mayor acceso a la justicia por parte de las mujeres y de otras personas discriminadas por su condición de género; y que sean eliminados los estereotipos de género de los fallos judiciales”.
“Tiene que haber más mujeres en los puestos de decisión”
“Se puede pensar en la democratización del poder judicial desde una perspectiva de género al menos desde dos ópticas –señala a COMUNICAR
IGUALDAD la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización de la sociedad civil que trabaja hace años en el monitoreo y las propuestas de reforma del Poder Judicial contemplando la discriminación específica hacia las mujeres-. Por un lado, en la conformación misma del Poder Judicial en sus diversos estamentos, fueros y jurisdicciones, con el objetivo de que sea más diverso y plural y por lo tanto más democrático. La diversidad de género es sólo una de las que interesan, pero no la única. El segundo aspecto que interesa a la democratización es la rendición de cuentas del Poder Judicial, de todos sus integrantes: publicación de las sentencias, transparencia en las causas, simplificación de los procesos”. Profundizando sobre la presencia de mujeres entre las personas que implementan el sistema judicial, observa: “Las mujeres en el Poder Judicial no son garantía de género de ninguna manera, hay que decirlo. Tiene que haber más mujeres en el Poder Judicial porque tiene que haber más mujeres en los lugares de decisión. Pero de ellas hay que esperar que resuelvan de acuerdo con los principios rectores de derechos humanos, de la misma manera que tienen que aplicar estos principios los integrantes varones”.
“La justicia debe ir a los barrios”
Daniel Pérez Guillen -integrante de la Asociación Judicial Bonaerense, una de las organizaciones que está debatiendo la reforma del Poder Judicial al interior de Justicia Legítima pero desde la mirada de quienes trabajan dentro del mismo- señala: “En relación a los temas de género creemos que se debe debatir en el marco de las paritarias por qué muchas veces los jueces rechazan contratar empleadas porque probablemente se embarazarán, las mismas juezas tienen estos reparos; creemos que se deben crear tribunales específicos y con recursos económicos para el abordaje de la violencia de género; que se garantice el acceso a la justicia para las mujeres, en este sentido la justicia tiene que ir a los barrios, porque para una mujer de sectores populares es muy difícil seguir los procesos porque necesitan plata para viajar a los tribunales y encontrar quién le cuida a los hijos; y por último debe modificarse el lenguaje judicial, que está por un lado concebido como de un superior que presupone un inferior y, por otro, tiene una enorme opacidad que impide comprenderlo”.
El viernes 15 de marzo, el Frente de Mujeres Nacional y Popular—Unidas y Organizadas, realizó un acto por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires en el que uno de los lemas convocantes fue la democratización del Poder Judicial. En el manifiesto del encuentro se señaló que “como sostuvo nuestra Procuradora General de la Nación, es fundamental ‘reconciliar el sistema judicial con la ciudadanía’. Hay avances innegables, como la creación de la Oficina de Violencia Doméstica instaurada en la Corte Suprema de Justicia, la designación de mujeres en cargos decisivos: dos miembros de la Corte Suprema; la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez, estas dos impulsoras del movimiento de Justicia Legítima; pero al mismo tiempo vemos cómo repercuten en la vida cotidiana de las mujeres los mecanismos mafiosos y patriarcales del sistema judicial que postergan los abortos legales en caso de violación; estancan las denuncias de las mujeres por violencia de género, lo que se traduce en aumentos de feminicidios, como lo demuestra el hecho de que en el año 2012, 255 mujeres y niñas perdieron la vida en manos de un familiar varón”.
“Sin duda, el Poder Judicial es hoy el órgano del Estado que menos ha avanzado en democratizarse. Hubo mejoras, claro, pero comparadas con el
proceso de profundas transformaciones que se dieron en el ámbito del Poder Ejecutivo son mucho menores –señala la abogada Emelina Alonso, integrante del Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro que a su vez es parte del Frente de Mujeres Nacional y Popular-. Pensamos que esto atañe a cuestiones sustantivas, de fondo, que se expresan en resoluciones judiciales restrictivas, pero sobre todo creemos que esto tiene que ver con actuaciones burocráticas y obstaculizadoras de los operadores y del sistema judicial. No sólo los jueces y juezas, sino toda la corporación judicial y distintas prácticas y mecanismos son los que dificultan el acceso a la justicia. Y esto se agrava en casos que requieren una actuación con perspectiva de género. Es cierto que la Corte Suprema ha desarrollado algunas acciones en pos de formar a los operadores del sistema judicial, pero esto evidentemente no ha sido suficiente. Muchas mujeres víctimas de violencia continúan siendo revictimizadas en la esfera judicial al no adoptarse medidas suficientes para evitar que deban volver a relatar sus casos una y otra vez. Este y otros obstáculos procesales, sumados a la poca efectividad de las resoluciones por falta de oportunidad y seguimiento, hacen que sea muy difícil para las mujeres poder sostener sus denuncias y verdaderamente acceder a la justicia. En los casos de trata, por ejemplo, las pruebas con las que se suele contar son mayoritaria o únicamente testimoniales. Resulta muy difícil contar con mayor prueba sobre hechos que suceden en la clandestinidad, habitualmente con la connivencia de las policías e incluso del Poder Judicial. El régimen procesal y en su caso el juez o jueza deben poder valorar esas pruebas de otro modo”.
En relación a cómo implementar esta transformación, Alonso la compara con los cambios que experimentaron en los últimos años en materia de género las fuerzas armadas y de seguridad, “que no tuvieron que ver sólo con formar a militares, gendarmes y policías en género y derechos humanos, sino que tuvieron que ver fundamentalmente con dos acciones: reconocer a estos actores sus propios derechos desde una perspectiva de género (garantizando acceso a formación en condiciones de igualdad y reconociendo la diversidad de género, entre otros aspectos; y modificar un sinnúmero de prácticas y protocolos de actuación que llevaban a restringir los derechos de mujeres, lesbianas y trans sistemáticamente en el accionar de las fuerzas”.
Foto: Tomada en Misiones durante la Vigilia Nacional por una Justicia con perspectiva de Género, que se realizó en agosto del 2012.
FUENTE: COMUNICAR IGUALDAD - POR SANDRA CHAHER
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