Desde las 14 del día de ayer, fueron tratadas en un plenario de comisiones una iniciativa para penalizar a los clientes de trata de personas con fines sexuales, y otra para erradicar la violencia y el abuso de poder en el ámbito familiar.
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de la Mujer, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto de la Cámara de Senadores discuten el proyecto de ley sobre erradicación de la violencia y el abuso de poder en el ámbito familiar. Expusieron como invitados Eva Giberti, titular del Programa “Las Víctimas contra las violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el abogado Héctor Raffo y el juez federal Carlos Rozanski. El plenario es en el Salón Eva Perón.
El proyecto de ley pertenece a los senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido (Frente para la Victoria).
INNOVACIONES EN LA LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR
La propuesta es de agosto del año pasado y prevé las siguientes innovaciones:
- Las denuncias puedan hacerse ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, las provincias o los municipios, y que se pueda solicitar la reserva de identidad del denunciante.
- Contempla la posibilidad de sean las niñas, niños y adolescentes quienes puedan denunciar los hechos, quienes podrán brindar su testimonio de forma oral, escrita o por correo electrónico.
- La iniciativa de los senadores incorpora la figura de "denuncia solidaria" para que cualquier persona que se sienta afectada por una situación de violencia pueda radicar la denuncia sin necesidad de la presentación de prueba.
- El proyecto de ley propicia, además, la creación de programas de prevención de la violencia familiar en medios de difusión masiva, y de un registro estadístico sobre denuncias, así como la inclusión de planes de atención y tratamiento en obras sociales y empresas de medicina prepaga.
TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
También está previsto el tratamiento en comisión de otro proyecto de ley –presentado en abril por Aníbal Fernández- que establece penas para quien utilice o procure servicios sexuales sabiendo o debiendo saber que esa persona es víctima de la trata de personas con fines de explotación sexual.
La iniciativa pretende incorporar al Código Penal el artículo 127 bis, que sanciona con prisión de uno a tres años el consumo sexual cuando hay víctimas de trata. En el caso de que la víctima fuera menor de 18 años, la pena sería de 5 a 10 años de prisión.
fuente: INFOJUS / Programa contra la víctimas de violencias .-
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