Como si existiera un pacto de poder entre los hombres, cada vez que una mujer se separa de su pareja y se atreve a demandar una pensión alimenticia para los hijos, el deudor alimentario, el abogado que lo defiende, el jefe de la empresa donde él trabaja, el agente del MP e incluso el juez, se coluden para perpetuar una “paternidad irresponsable”.
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Al final –afirma Marta Torres Falcón, profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)–, las mujeres se enfrentan a un sistema de justicia patriarcal y a una sociedad que sigue con la idea de que ellas quieren arruinar económicamente a los hombres, pese a que exigen un derecho que por ley debería ser garantizado.
En entrevista con Cimacnoticias, Torres Falcón, también licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Sociales y quien se ha dedicado a investigar los derechos femeninos y las relaciones de género en el hogar, sostiene que demandar la pensión alimenticia es un fenómeno de raíces profundas que debe cambiar a través de reformas legales y concientización.
“Estamos pensando que los hijos son fundamentalmente de las mujeres. Se sigue pensando que la crianza de los hijos es su responsabilidad. En la medida en que ellos asuman como propio el cuidado y la crianza de los hijos vamos a tener mejores resultados. Los hombres que lo están haciendo por supuesto que nunca los vamos a ver demandados por una pensión alimenticia”.
Esta semana, Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, informó que en la Ciudad de México se han registrado 70 mil juicios de pensión alimenticia.
Torres Falcón explica que la consecuencia de no separar la pensión alimenticia para la madre y para los hijos es que se sigue pensando que la mujer es dependiente económicamente del marido y, lo más alarmante, que para otorgar la pensión alimenticia el sistema judicial le pide a ella una especie de “cinturón de castidad”, es decir, que no se vuelva a casar o no se una en concubinato.
La ley dice que la niñez –menores de 18 años– tiene derecho a recibir alimentos y este concepto comprende la comida, el vestido, la vivienda y los gastos necesarios para acudir a la escuela o adquirir productos básicos, pero Torres Falcón aclara que en la práctica los padres evaden esta responsabilidad y en ocasiones obligan a las mujeres a renunciar a este derecho.
La explicación es que una demanda que dura meses y se puede prolongar por años hace que ellas digan “lo que quiero es salir, quédate con todo, quiero mi libertad, quiero irme”, sobre todo si con la ex pareja vivió o vive situaciones de violencia.
La autora del libro “La violencia en casa” señala que si las mujeres demandan este derecho y logran obtener una sentencia a su favor llega el problema más complicado: aquí es donde se distinguen los “pactos patriarcales” en su máxima expresión porque es cuando un deudor alimenticio encuentra apoyo en su jefe, su abogado y el juez.
“Las mujeres demandan la pensión alimenticia, el juez ordena al empleador de la empresa privada o pública que descuente un porcentaje del ingreso del deudor alimentario. A veces el descuento llega en la primera y segunda quincena, pero en la tercera los hombres repentinamente dejan de trabajar, prefieren dejar de trabajar que dar dinero para que coman sus hijos”.
En este punto pueden haber sucedido varias cosas, por ejemplo que él deje de trabajar, que se cambie de empleo o que pida a su patrón que le baje el salario, entre otros trucos para hacer creer que no tiene recursos económicos para sostener a las hijas e hijos. “Van a apelar el fondo de la pensión; lo que muy pocas veces he visto es que la acepten y no la hayan eludido”.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México el 44.6 por ciento de las mujeres son pobres. Sin embargo el Inegi indica que en 2011 las mujeres aportaron 79.1 pesos por cada 100 pesos que valen las labores domésticas y del cuidado en el hogar.
Agrega que los pactos patriarcales no son un tema de clases sociales, se puede ver a un presidente, un ministro o un ex gobernador negándose a dar la pensión alimenticia como a un taxista, un mecanismo o un funcionario de una dependencia de gobierno.
“Tenemos numerosos casos de mujeres que tienen que hacerse cargo de sus hijos porque los hombres sencillamente no dan dinero para la cuestión alimentaria, y en este terreno es donde hace faltan reformas legislativas y sobre todo el trabajo de concientización de los jueces”, indica.
La ley deja a los jueces la decisión de fijar el porcentaje de la pensión y no hay medidas que los obliguen a emitir sentencias eficaces, para garantizar el derecho de las y los hijos a recibir alimentos.
“En la ley se debería establecer un tabulador para regular los porcentajes”, para que las mujeres obtengan recursos que realmente solventen los gastos básicos.
“En segundo lugar las leyes deberían señalar medidas de apremio para cumplir con la pensión alimenticia. También tendría que haber mecanismos más eficaces para garantizar el cumplimiento de la pensión. Por ejemplo, cuando un hombre es empleado público no es tan difícil porque se manda un oficio a la dependencia u organismo y el porcentaje se descuenta”, concluye Torres Falcón.
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