Desde hace algunas semanas la discusión para la mejora del sistema de administración de justicia ocupa un lugar central en las agendas mediática y política. La integración del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial, así como la la rendición de cuentas y el monitoreo del funcionamiento del mismo son los principales temas que se abordan en los proyectos presentados.
Buenos Aires - Mejorar el funcionamiento de nuestro sistema democrático y de la justicia para asegurar que la promesa de igualdad en el ejercicio efectivo de los derechos sea una realidad, es una aspiración que compartimos y que guía nuestro trabajo cotidiano.
Profundizar la democracia implica, entre otras cosas, mejorar las condiciones en que se da el debate público, donde los argumentos de unas y otros puedan ser oídos en su mejor luz, es decir, habiendo considerado la mejor interpretación posible de su contenido y alcances. Mejorar el debate público implica, también, procurar enriquecer las posturas recíprocas en un ejercicio de diálogo profundo y respetuoso.
Es auspicioso que la sociedad haya comenzado a interesarse por el sistema de administración de justicia, guardián de nuestros derechos y garantías. Es auspicioso que se impulsen discusiones de las medidas que deben tomarse para mejorar su funcionamiento. La preocupación, sin embargo, es por la forma apresurada en que se ha dado este debate, que no parece la más adecuada para discutir reformas estructurales que deben regir la vida democrática e institucional de los próximos años. Esto nos lleva a pensar en el proceso de sanción de las leyes en general, que debiera estar precedido y acompañado por un proceso de discusión pública tal que pueda, por un lado, mejorar la calidad de las leyes; y por otro lado, dotar al sistema democrático de una mayor institucionalidad y participación.
Los seis proyectos de ley presentados al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional en el mes de abril para democratizar la justicia señalan entre sus objetivos varios que hemos propuesto desde hace años. Las discusiones acaloradas que los acompañaron, sin embargo, no aprovecharon la oportunidad de dotar a estos proyectos de las mejoras que los hubieran ayudado en el logro de esas metas, con el consenso social indispensable para promover su cumplimiento más allá de las diferencias partidarias.
Entre varios temas importantes, los siguientes son abordados por las iniciativas en cuestión:
Rendición de cuentas y monitoreo de la actuación del Poder Judicial. Desde que iniciamos nuestro Observatorio de Sentencias Judiciales hemos notado las dificultades en el acceso a la información de las sentencias, como una nota distintiva no solo de la justicia Argentina sino en toda la región. En nuestro país, hay una práctica dispar de diversos tribunales en la forma y difusión de sus sentencias. Este tema es abordado por una de las iniciativas del Poder Ejecutivo aunque deja algunos puntos centrales sin considerar: (i) sólo propone la publicación de las sentencias de Cámaras de Apelaciones y de la Corte Suprema, pero no de tribunales de primera instancia, cuando son éstas la mayoría de las decisiones, ni aún cuando sean éstas las sentencias definitivas; (ii) no aclara cuál será el mecanismo para preservar la identidad de las personas involucradas, precisando en qué circunstancias sus nombres quedarán reservados, ni aborda la idea de generar un sistema único para la identificación de los casos; y (iii) no identifica el problema de la clasificación de las sentencias, que oscurece algunos temas (típicamente los problemas de género) debajo de otras clasificaciones de derecho “neutrales”. No todos estos aspectos deben ser abordados por una norma de la jerarquía de una ley del Congreso Nacional, sin duda, pero son aspectos que están ausentes de las consideraciones que se hacen al momento de argumentar a favor de la publicidad de las sentencias, objetivo que sin duda compartimos, y que debería encontrarse en el marco de un objetivo más amplio que es el acceso a la información pública en todos los ámbitos del Estado.
Integración del Poder Judicial. La reforma del sistema de ingreso del personal al Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación busca introducir principios de igualdad y no discriminación para la contratación tanto de cargos para empleados, personal de maestranza y oficios, como cargos letrados. El objetivo es garantizar el ingreso igualitario nutriendo el sistema de administración de justicia de “hombres y mujeres pertenecientes a todos los sectores de la sociedad” a fin de “dotarlo de una adecuada pluralidad e independencia ideológico-política”. La participación plural e igualitaria de distintas personas de nuestra sociedad en todos los ámbitos públicos y sociales (en todos los poderes del estado, en ámbitos educativos, en espacios sindicales y profesionales) siempre fue una de las metas del feminismo. Desde ese punto de vista, la iniciativa es importante. Sin embargo, más allá de esa afirmación genérica no hay otras referencias a la importancia de asegurar una participación sustantiva de mujeres en los distintos espacios de la justicia. Si bien se establece un cupo de 4% para la contratación de personas con discapacidad, no hay medidas efectivas para monitorear y favorecer la contratación de mujeres. Estas medidas no sólo podrían ser cupos estrictos, sino que también podrían incluir otros mecanismos como el requisito de diversidad de género en los cuerpos colegiados; mecanismos de monitoreo de la cantidad de mujeres en el ingreso, permanencia y ascenso dentro de las estructuras del Poder Judicial y Ministerio Público los cargos administrativos y profesionales; revisión de los mecanismos de selección y contratación para establecer los efectos que puedan tener sobre las posibilidades efectivas de mujeres y varones. Hemos afirmado varias veces que la presencia de mujeres en espacios de decisión no garantiza por sí misma la inclusión de una perspectiva de género ni una preocupación particular por los derechos humanos de las mujeres. Tanto varones como mujeres en la Justicia deben trabajar por la garantía de los derechos de las mujeres y para eso deben existir mecanismos de monitoreo y control institucional y ciudadano. Pero también hemos afirmado que la presencia de mujeres en espacios de decisión es un requisito de legitimidad democrática y desde ese punto de vista, se trata de una consideración que debería haber estado más presente.
Integración del Consejo de la Magistratura. La selección de integrantes del Consejo de la Magistratura a través del voto popular se fundamenta, de acuerdo con la iniciativa del Poder Ejecutivo, en la importancia de que sus miembros “expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía y legitimidad democrática”, junto con la morigeración de las exigencias para ser elegido para integrante de ese cuerpo que ya no requiere el título de abogada o abogado. Además de las consideraciones que han hecho otras organizaciones y especialistas en relación con la constitucionalidad de esta reforma, llamamos la atención sobre los efectos que esto puede tener en un contexto de una sociedad marcadamente discriminatoria y tolerante de diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres. El Consejo de la Magistratura también debe ser objeto de monitoreo y fiscalización por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada y para eso promovemos los avances en materia de transparencia y acceso a la información.
El acceso a la justicia. Democratizar el Poder Judicial y el sistema de administración de justicia debe estar en el marco de una agenda más amplia de promover el acceso a la justicia, en particular para los sectores y grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad. Hemos documentado los obstáculos materiales y subjetivos que afectan en forma adversa el acceso a la justicia y su impacto particular en las mujeres: la distancia de los tribunales y sus horarios acotados de atención que son incompatibles con las responsabilidades laborales y familiares de la ciudadanía; los espacios disponibles y las dificultades de lograr privacidad para la atención de ciertas problemáticas; los costos económicos de la contratación de abogadas/os y la poca disponibilidad de patrocinio jurídico gratuito; el excesivo formalismo y ritualismo de los procesos legales; el lenguaje técnico excesivamente complejo y difícil de comprender para la ciudadanía, que no hace más que reforzar la desconfianza en el Poder Judicial; la desvinculación entre el sistema de administración de justicia y las políticas públicas que deberían favorecer la adecuada atención de las controversias que se plantean; el desconocimiento de derechos por parte de mujeres y varones, así como de los mecanismos existentes para impulsar distintas formas de reparación de los derechos violados; los tiempos del Poder Judicial en la resolución de los conflictos que se plantean, aumentando también los costos económicos y emocionales involucrados. Los obstáculos para el acceso a la justicia son muchos y variados, y no se advierten en estas iniciativas herramientas que tiendan a la superación de los problemas que se han idenficado en una gran variedad de investigaciones empíricas. Por el contrario, la restricción para obtener medidas cautelares a los casos en que ciertos derechos se encuentran en juego y la incorporación de nuevas instancias a través de las Cámaras de Casación, profundizan algunos de los obstáculos señalados al reducir los mecanismos para la tutela judicial efectiva y alargar los tiempos de los procesos.
Celebramos las iniciativas para traer al debate público la necesidad de mejorar el sistema de administración de justicia, acercarlo a las mujeres y varones cuyos derechos se deben velar y proteger. Promovemos un debate público informado, sustantivo y respetuoso. Sin duda, hay mucho más que se debe hacer en esa dirección.
FUENTE: ELA
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