Continuando el proceso de incidencia sobre una nueva normativa de la ley de trata de personas, que desde 2011 Fundación Directorio Legislativo viene impulsando junto a organizaciones de la sociedad civil, durante este año hemos desplegado distintas estrategias con el propósito de incidir sobre el Poder Ejecutivo para la reglamentación de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada en una sesión extraordinaria el 19 de diciembre de 2012.
En ese sentido, desde abril de este año iniciamos un proceso de diálogo e intercambio entre, por un lado, la responsable del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata, Zaida Gatti, y parte de su equipo de trabajo, y, por otro, organizaciones de la sociedad que abordan la problemática de la trata de personas desde diversos aspectos, impulsado y coordinado por Fundación Directorio Legislativo.
Hasta el momento se han realizado dos encuentros, ambos sobre la base del documento de “Recomendación de política pública. Aportes para el decreto reglamentario de la Ley Nº 26.842”, elaborado por las siguientes organizaciones: Agrupación Afro Xangó, AMMAR CAPITAL Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, Asociación Civil sin fines de lucro Nuestras Manos, Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctimas de las redes de prostitución”, Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe – CATW LAC, Fundación Directorio Legislativo, Fundación Mujeres en Igualdad, Mujeres Migrantes, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PIDHDD, Red Alto al Tráfico y a la Trata – RATT Argentina y Red No a la Trata.
Estos encuentros de trabajo tienen el propósito de ahondar distintos aspectos de la normativa en cuestión, como por ejemplo, los desafíos y oportunidades que genera la implementación de algunos de sus componentes, la importancia de la restitución del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales para las víctimas, la necesidad de ampliar el alcance de capacitaciones a fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, la diferenciación entre víctima y testigo en los procesos judiciales y los aportes de las organizaciones en estos y otros temas abordados.
Esperamos que este proceso de diálogo entre las organizaciones y el Programa Nacional, entre el sector social y Poder Ejecutivo, tenga un impacto positivo en la restitución del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y en el fortalecimiento de las personas víctimas de trata de personas, como así también en la prevención y combate de este crimen organizado.
fuente: Esclavitud Cero
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