La aprobación ayer de la reforma de la Ley de Trata en el Parlamento da fin a cuatro años de reclamos desde las organizaciones de la sociedad civil y sectores comprometidos con el tema por las deficiencias con que había sido aprobada la ley en el 2008. Los puntos centrales son la eliminación de la figura del consentimiento en víctimas mayores de 18 años, la no excarcelabilidad de las penas y la creación de organismos que deberán garantizar la asistencia de las personas victimizadas. Dos representantes de la sociedad civil analizan lo que acaba de lograrse y lo que aún queda por delante.
“Es muy positiva la posibilidad de contar con una reforma aggiornada a las verdaderas necesidades actuales de la lucha contra la trata de personas. Me refiero fundamentalmente a la eliminación del consentimiento, pero también al aumento de las penas y a la creación del Consejo. Con la ley anterior, no había herramientas de implementación de la misma, había iniciativas locales, no conectadas. Y la lucha contra la trata debe ser en todo el país porque las redes operan a nivel nacional” señala Fabiana Túñez, integrante de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, comprometida en la lucha y asistencia a víctimas de violencia sexual y trata de personas.
Los aspectos más importantes de la reforma aprobada ayer, y que las organizaciones venían reclamando desde la sanción de la Ley en el 2008 y de su posterior puesta en práctica, son laeliminación de la figura del consentimiento que diferenciaba entre víctimas mayores y menores de 18 años, es decir una persona mayor de esa edad debía probar que no había dado su consentimiento para ser tratada; el aumento de las penas, con lo cual el delito de trata ya no es excarcelable; la eliminación tanto de la probation como de la disminución de penas si se dan datos sobre el delito; y el diseño de dos organismos - el Consejo un Consejo Federal parala Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas- que deberán diseñar, el primero, y ejecutar, el segundo, un Plan nacional de lucha contra la trata y asistencia a las víctimas.
“Nosotras en línea general apoyamos la reforma aprobada –señala la abogada Magui Bellotti , integrante de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer (ATEM) y de la Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”-. Lo que más nos preocupa ahora, y donde vamos a estar poniendo el ojo el próximo año, es en la forma en que se concreten la asistencia y la restitución de derechos económicos, sociales y culturales de los que habla la reforma. En este sentido, un aspecto importante es que cuando se formulan quiénes son las personas que tendrán derecho a asistencia, se dice que no solo serán las victimas de trata sino las de explotación sexual también. Hasta ahora la asistencia estaba pensada en función de la trata, que es un delito de resultado anticipado, y escindida de la finalidad de explotación. Esto significaba que a una persona que estaba explotada en un prostíbulo pero que no hubiera sido víctima de trata -porque había llegado sola, lo cual es muy raro, o porque no se podía probar la trata-, no tenía derecho a la asistencia. Ahora en cambio sí lo tiene. Y como la reforma habla de restitución de derechos, esto puede llenarse con muchos mecanismos posibles de reparación.”
Otros dos aspectos que Bellotti resalta de la reforma son la modificación del artículo 23 del Código Penal que incluye el decomiso de los bienes que haya en el lugar en que la víctima es sometida y la afectación de los mismos a los programas de asistencia; y que la entrevista de las víctimas deba ser realizada por parte de un psicólogo y en lo posible con Cámara Gesell.
Qué falta
Durante la sesión del miércoles en la Cámara Baja , la diputada Stella Maris Córdoba dijo que la reforma aprobada era “la posible”, poniendo en evidencia otros reclamos de diferentes organizaciones de la sociedad civil que no fueron tenidos en cuenta. La diputada Marcela Rodríguez –la única que se abstuvo en la votación- planteó en el recinto algunos de los temas pendientes compartidos con las organizaciones: la penalización del cliente y del dueño de los prostíbulos, entre otros.
“El artículo 17 de la Ley 12331 de Profilaxis penaliza a quienes regentan o administran los prostíbulos con penas de multa y de prisión si hubiera reincidencia. Si bien es cierto que nosotras proponíamos que esta ley fuera modificada y a quienes regentean se les pusiera una pena similar que por el delito de trata, éste fue un tema que tampoco fue abordado en la media sanción del Senado a la reforma y sobre la cual no había consenso en el Parlamento. Yo personalmente creo que al penalizarse la promoción de la prostitución sin medios comisivos, será muy difícil que quien regentee o posea un prostíbulo sea eximido de la facilitación o promoción de la prostitución. Por otra parte, hay actualmente en el Parlamento proyectos que van en esta línea y que serán seguro tratados próximamente: de reforma del artículo 17 o de inclusión de una figura similar en el Código Penal” señala Bellotti. En relación a la penalización del cliente que consume prostitución, enla Campaña Abolicionista no hay una posición unificada. “Nosotras desde ATEM estamos de acuerdo, pero en la Campaña hay quienes piensan que primero hay que librar la batalla cultural para luego llegar o no a la penalización y estamos quienes pensamos que la penalización es parte de la batalla. Porque si bien es cierto que el derecho penal no resuelve los problemas, la condena de la ley establece lo que es delito porque daña a otras personas y tiene además un potente efecto simbólico.”
En La Casa del Encuentro tampoco acuerdan por completo con la penalización del cliente prostituyente. “Estaríamos en parte de acuerdo con una sanción pero sobre todo acordaríamos con que se cumplan las leyes vigentes como la de Educación Sexual y hubiera una obligación de garantizar por parte del Estado nuevos módulos educativos vinculados a género y violencia.Nosotras creemos más bien en una sanción simbólica: que los varones consumidores que sean encontrados en un allanamiento cumplan por ejemplo con una probation asistiendo a espacios de nuevas masculinidades y que esto sea notificado a su círculo cercano. Porque el varón que va a un prostíbulo no quiere que su círculo se entere” observa Fabiana Túñez. Otro tema pendiente que señalan desde esta organización es la complicidad social y los diferentes niveles de responsabilidades dentro de las redes de trata: “Las pocas sentencias que hay son sobre el primer eslabón de la trata. Si bien la ley actual prevee diferentes niveles de responsabilidad, lo hace en forma muy sutil y nada clara. Y si se avanzara en la investigación, se encontraría que detrás de quienes regentean los prostíbulos hay jueces, comisarios, funcionarios, que son cómplices o directamente dueños a través de testaferros. Yo creo que estos temas pueden ser tratados a través de reformas procesales de los códigos o de otro tipo de normas, que sirvan para atacar no sólo a la trata sino a delitos similares y conexos como el narcotráfico”.
Bellotti concluye sobre los alcances y límites de la reforma: “Una ley no resuelve los problemas de la realidad. Plantea un piso de derechos de los cuales hay que apropiarse: es importante ver cuál será la política pública a partir de esta reforma y cómo cambiara las cabezas de las personas. Porque lo que acabamos de ver en Tucumán con el fallo de Marita Verón no habla solamente de Tucumán ni solamente de la justicia, sino que tiene que ver con una perspectiva social en relación a las mujeres: cuánto valemos, cuánto vale nuestro testimonio, sobre todo si estamos solas y mucho más si fuimos prostituidas”.
FUENTE: COMUNICAR IGUALDAD - POR SANDRA CHAHER - FOTO: PAO LIN
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